La decisión del presidente Javier Milei de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, abrió un nuevo foco de conflicto político e institucional. La medida provocó críticas de sectores aliados al Gobierno, pronunciamientos de organizaciones jurídicas y advertencias sobre una posible afectación a la libertad de expresión.
La controversia se desató porque la postulación de Michelli ya había atravesado todas las etapas previstas para su designación. El pliego había sido enviado por el propio Poder Ejecutivo, tuvo audiencia pública en el Senado, no registró impugnaciones y consiguió el respaldo de nueve integrantes de la Comisión de Acuerdos, cantidad suficiente para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
Sin embargo, el Gobierno decidió solicitar formalmente el retiro de la candidatura mediante una nota firmada por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La decisión todavía deberá ser considerada por el pleno de la Cámara Alta, ya que el reglamento del Senado establece que el retiro de un pliego requiere aprobación legislativa.
Aunque no existe una explicación oficial sobre las razones de la medida, en ámbitos políticos y judiciales trascendió que el principal cuestionamiento del oficialismo radicaría en que Michelli es cuñada del periodista platense Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre el caso $LIBRA y otros temas sensibles para la administración nacional.
La situación generó incomodidad incluso entre legisladores que habitualmente acompañan al oficialismo. Desde el PRO, el senador Martín Goerling ratificó su respaldo a la candidata y sostuvo que la idoneidad de un magistrado no puede quedar condicionada por factores ajenos a su trayectoria profesional. En la Unión Cívica Radical también surgieron reparos y varios referentes reclamaron conocer los fundamentos concretos de la decisión antes de fijar una posición definitiva.
Las críticas no se limitaron al ámbito político. El grupo de abogados Será Justicia calificó la maniobra como un ataque a la libertad de prensa y cuestionó la intervención del Poder Ejecutivo en un proceso que ya contaba con el respaldo necesario dentro del Senado. La entidad consideró que la medida afecta la transparencia en la selección de magistrados y pone en tensión el principio de división de poderes.
En la misma línea se pronunció el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que expresó preocupación por la utilización de una herramienta que calificó como “discutible” cuando el proceso de designación se encuentra en una etapa avanzada. La institución recordó además que el sistema judicial arrastra desde hace años un problema estructural vinculado a la cantidad de vacantes sin cubrir y advirtió que este tipo de decisiones contribuye a profundizar esa situación.
La polémica también motivó pronunciamientos de dirigentes y organizaciones vinculadas a la defensa institucional. La exfuncionaria María Eugenia Talerico cuestionó la medida por considerarla arbitraria, mientras que el diputado Maximiliano Ferraro la definió como una señal preocupante para quienes investigan al poder. A su vez, la organización Integridad Republicana advirtió que, de confirmarse los motivos atribuidos al retiro del pliego, se trataría de un hecho grave para la independencia judicial.
Con el tema instalado en el centro del debate político, la definición quedó ahora en manos del Senado. Allí se resolverá si prospera el pedido del Ejecutivo o si la candidatura de Michelli continúa su camino hacia la votación definitiva. Mientras tanto, el caso ya se convirtió en una discusión más amplia sobre los límites del poder político en la designación de jueces y el vínculo entre el Gobierno y el periodismo crítico.
