Una peligrosa organización criminal que operaba desde las cárceles de La Plata y Magdalena quedó incriminada en el suicidio del joven militar Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre último. La información fue dada a conocer por el Gobierno nacional tras 50 días de secreto de sumario, indicando que el soldado fue víctima de una red de extorsiones operada por presos bonaerenses.
Gómez había sido captado a través de una aplicación de citas por una banda que utilizaba perfiles falsos de mujeres. Luego de los primeros contactos, los estafadores aseguraban que las supuestas interlocutoras eran menores de edad y exigían transferencias de dinero a cambio de no denunciarlo.
De acuerdo a la investigación judicial, la organización delictiva operaba desde el Penal de Olmos y el de Magdalena, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y estaba integrada por al menos tres detenidos de entre 21 y 29 años. Además, suplantaban la identidad de dos policías reales de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar las amenazas.
Eso demostraba lo complejo del entramado criminal. La situación que llevó al soldado a una situación desesperante fue informada ayer en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí confirmaron que la investigación se llevó adelante de manera reservada durante más de 50 días.
El fatídico hecho se produjo el 16 de diciembre, cuando se conoció la muerte del joven militar que cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos. En un primer momento, las autoridades indicaron que se había quitado la vida, aunque una carta que dejó antes de morir fue clave para reorientar la investigación.
En esa misiva, Gómez precisó que había sido extorsionado tras ingresar a la App de citas Evermatch, mencionó deudas, pedidos constantes de dinero y supuestos policías corruptos. A partir de ese material y del análisis de teléfonos celulares, los investigadores determinaron que los perfiles utilizados eran falsos.
La causa siguió adelante. Los allanamientos concretados el 8 de febrero permitieron efectivizar siete detenciones y desbaratar la red, a la que las autoridades denominaron una "PYME del delito". Desde el Gobierno remarcaron que el uso de celulares dentro de las cárceles fue determinante y que el caso no quedará impune.
Rodrigo Gómez era un soldado del Ejército Argentino. Tenía 21 años y era oriundo de Formosa. Cuando lo hallaron estaba con un disparo en la cabeza en la garita de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad.
Además de la carta que había dejado la víctima, la jueza analizó su celular. El aparato fue abierto por un equipo forense. Se detectaron llamadas, mensajes de WhatsApp, evidencias de giros de dinero.
En poco tiempo aparecieron los nombres de los sospechosos que lo habían extorsionado.
La justicia estableció que el jefe de la banda era Tomás Francavilla, proveniente de San Justo, de 22 años. Fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada, con un antecedente por el mismo delito que data de 2022.
Además de Francavilla ayer fueron detenidos otros seis sospechosos y dos reclusos de la Unidad N°36 de Magdalena. El modus operandi de la banda consistía en que un líder carcelario con la complicidad de varios “colaboradores” contactó a la víctima en la App de citas Evermatch con un falso perfil de mujer.
Tiempo después llamó a la víctima un falso policía, quien lo acusaba de entablar una relación con una menor de edad. Al parecer la organización “usurpó” la identidad de un policía porteño. Francavilla, desde la cárcel, le envió al soldado Gómez un audio simulando ser la madre de la menor que no existía. La voz de la mujer, además, señalaba que “se preparaba para radicar una denuncia en su contra”.
Fue así que se había generado el contexto “necesario” para llevar adelante la extorsión.
Una de las evidencias acreditadas en la causa judicial es que, en el día previo a la muerte de Gómez, la banda le quitó $1,4 millones que el joven militar transfirió a diversas billeteras virtuales en cuatro depósitos. Una de esas billeteras habría sido operada por la pareja de Francavilla, una joven de Lomas del Mirador llamada Iara Cosentino, que fue detenida como supuesta cobradora.
Los peritos acreditaron que la billetera virtual en cuestión habría sido operada por un familiar de Cosentino. A ese destino, Gómez concretó los dos primeros pagos a la banda, por $613 mil pesos. De las pericias surge que Cosentino y Francavilla siempre estaban en permanente contacto.
Los investigadores comprobaron que mientras Francavilla y Cosentino extorsionaban al soldado, por otro lado, un preso del penal 36 de Magdalena, identificado como Mauricio Duarte, compañero de celda de Francavilla, también intervenía en los llamados de amedrentamiento.
También fue detenida la pareja de Duarte y otro preso de la cárcel de Magdalena. En las comunicaciones aparecen involucrados atormentando a la víctima.
