La Unidad Penitenciaria N° 26 de Lisandro Olmos fue allanada ayer por la justicia en el marco de la causa que investiga el suicidio del joven gendarme Rodrigo Andrés Gómez (21) en la Quinta Presidencial de Olivos, registrado el 16 de diciembre de 2025.
El procedimiento fue ordenado luego de constatar que uno de los acusados actuaba dentro de esa cárcel donde se encontraba detenido. Los investigadores judiciales ya habían establecido que en las maniobras de extorsión habían intervenido internos de la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena. Ayer se acreditó la colaboración de un recluso de la U26 de Olmos.
El expediente es instruido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, quien dispuso la intervención de la División Homicidios y ordenó peritajes sobre el celular y una carta manuscrita hallada en el lugar.
En la carta, la víctima refería problemas económicos y señalaba a presuntos "policías corruptos". Los peritos realizaron un análisis caligráfico y una extracción forense de datos del teléfono para reconstruir las comunicaciones previas al hecho.
De esa manera se pudo identificar que uno de los implicados cumplía condena en la Unidad 26 de Olmos. A partir de esa información, el juzgado ordenó un procedimiento dentro del penal, además de otros operativos en distintos puntos del conurbano.
En la unidad carcelaria, los agentes realizaron requisas en pabellones específicos y secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés. También detuvieron a tres hombres y cuatro mujeres vinculados a la estructura investigada.
Dos de los detenidos estaban alojados en Magdalena y el tercero en Olmos. Todos quedaron imputados por "averiguación de causales de muerte" y "extorsión" a disposición del juzgado interviniente.
Hasta el momento, la magistrada logró comprobar que los reclusos captaban víctimas mediante una aplicación de citas. Allí utilizaban perfiles falsos de una supuesta menor de edad para iniciar conversaciones y enviar imágenes íntimas con el fin de generar un vínculo.
Esa maniobra después continuaba con la participación de otra persona que enviaba un audio en el que simulaba ser la madre de la menor y exigía dinero. Finalmente, los acusados llamaban haciéndose pasar por policías y reclamaban transferencias para evitar una denuncia penal. Los investigadores identificaron al menos otras nueve víctimas.
En tanto, Juan Carlos Gómez, padre del soldado fallecido, cuestionó a la Gobernación bonaerense por haber facilitado el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles, desde donde se habría perpetrado el ataque a su hijo que tuvo un desenlace fatal.
El soldado se suicidó en horas de la madrugada mientras cumplía una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. La justicia descubrió que el gendarme resultó ser víctima de una red de extorsionadores que operaba desde penales de la provincia de Buenos Aires.
“Lo empezaron a apretar el 15 al mediodía y para la madrugada del 16 ya había tomado esta decisión. No le dieron una salida, lo hostigaron y no le quedó otra. No le dieron tiempo de reaccionar y comunicarse con nosotros”, dijo el padre del gendarme.
La familia sostiene el recuerdo de Rodrigo y advierte que la amenaza de las redes de extorsión continúa en pie. “Esto le puede volver a pasar a otra familia, fue un instigamiento al suicidio. Si no se ponen las pilas los gobernadores o el Ministerio de Seguridad de la Provincia va a ser como tirarle un balazo al cielo”, aseveró el padre del soldado.
