Violaciones en el Senado bonaerense: piden la prisión preventiva de dos empleados y dirigentes políticos

Finalmente, la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, requirió al juez de Garantías, Juan Pablo Masi, la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados legislativos y dirigentes políticos que se encuentran detenidos por una serie de múltiples abusos sexuales que habrían tenido como víctimas a empleadas militantes de su espacio en el Senado bonaerense. 

El pedido de la fiscalía, tal como anticipó Capital 24, fue dispuesto luego de acreditar testimoniales y pericias. En los últimos días declararon docentes y estudiantes que dieron cuenta de las actividades de los imputados, también amigas y compañeras de militancia de las víctimas, y la expareja de una de las denunciantes y una funcionaria del Municipio de La Plata.

Con ese plexo probatorio, la fiscal Lacki determinó que existen pruebas suficientes para convertir la detención de los imputados en prisión preventiva. Para la funcionaria judicial, es necesaria esa medida de coerción en resguardo de las víctimas y para asegurar el avance de la investigación judicial sin obstáculos. 

Así lo pidió la fiscal ante el juez Masi, a cargo del juzgado de Garantías N° 4 de La Plata. El magistrado realizará una audiencia oral mañana, a la que asistirán los acusados, las defensas y también la fiscalía. 

Con los fundamentos que expongan las partes, el juez estará en condiciones de resolver si los dos imputados -Rodríguez y Silva Muñoz-, siguen presos hasta el juicio oral en una unidad penitenciaria. 

Para la fiscalía, ambos imputados deben seguir en prisión sindicados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, con nueve hechos documentados.

La investigación judicial comenzó cuando cuatro mujeres denunciaron a los acusados. Dos en una causa de 2019 y otras dos en una radicada en 2025; ambas bajo la instrucción de la UFI N° 2 de La Plata.

Según se indicó, los empleados y dirigentes kirchneristas son pareja y eran referentes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana, espacio que consiguió ubicar a Silva Muñoz como precandidata a concejal en 2021, por el Frente de Todos.

En las denuncias se señaló que el modus operandi era el siguiente: captaban víctimas jóvenes, por lo general adolescentes o recién mayores de edad, en algunos casos con promesas educativas o laborales en el Estado o la militancia.

Cuando lograban captar su confianza, las introducían en un plano místico, la denominada secta “Orden de la Luz”, de la que hablaron varias víctimas. Nicolás Rodríguez decía ser un “Dios Kiei” y Daniela Silva Muñoz la “Sensei”.

Por su parte, Silva Muñoz ejercía un rol de maestra espiritual, según surge del relato de las víctimas. Ella sería quien coordinaba los encuentros sexuales y quien las convencía de que debían satisfacer los deseos del líder para alcanzar un propósito superior. 

En esos relatos se manifestó que Silva Muñoz habría facilitado el acceso de su pareja a las víctimas e incluso habría sido testigo presencial de algunos hechos de abuso.

De allí que la fiscal imputó a la dirigente kirchnerista como partícipe necesaria de los abusos sexuales agravados, de los cuales al menos uno ocurrió dentro del Senado bonaerense.

En tanto, las denunciantes destacaron que además fueron perseguidas en la vía pública, acorraladas en sus propios domicilios y sometidas a tratos “extraños”, como ser “llevadas a un descampado a esperar cosas o personas que nunca aparecían”.

Al dictar la primera orden de detención, en diciembre, el juez de Garantías Masi, el mismo que ahora deberá expedirse en torno al pedido de la fiscal de prisión preventiva, estableció que hay pruebas suficientes para afirmar que “las víctimas eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas, siendo que en los hechos de acceso carnal (Rodríguez) no utilizaba preservativo y luego de ello, comenzaba a acosarlas y perseguirlas”.

Para el magistrado Masi, Silva Muñoz, “era la referente de género de todas las femeninas de la agrupación. Sin embargo, en vez de cuidarlas, en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, “persuadía a las integrantes de su agrupación a presentarse en su domicilio o en la propia oficina del Senado, dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas, siendo que en otras oportunidades, hasta participaba de los abusos”.

En el expediente, se comprobó también que Rodríguez y Muñoz eran referentes en el “Movimiento La Capitana” donde participaron de marchas y acompañamiento a candidatos desde hace varios años. Precisamente, ambos habrían utilizado la militancia como instrumento de captación o acercamiento a posibles víctimas. 

En el caso de Rodríguez, era docente en la escuela secundaria del club Estudiantes de La Plata. También se supo que tenía participación activa en clubes de barrio porque jugó y fue entrenador de básquet.

En el caso de Silva Muñoz se incorporó a las áreas de género de la agrupación política La Capitana y de un gremio de estatales. “En lugar de cuidar a las integrantes de la organización, la acusada utilizaba su posición para persuadir a las mujeres a asistir a su domicilio particular o incluso a su propia oficina dentro del Senado bonaerense donde luego eran abusadas por Rodríguez”, enfatizó la fiscal Lacki al momento de requerir las imputaciones. 

Los peritos de la Asesoría Pericial de Tribunales analizaron el contenido de los celulares secuestrados en los procedimientos del 29 de diciembre. La fiscalía aguarda las conclusiones de esos estudios. 

Los testigos revelaron que la pareja de abusadores utilizaba su influencia política para captar a las jóvenes mujeres ofreciéndoles pasantías o becas en la Legislatura y luego las sometía a procesos de "reentrenamiento espiritual" que incluían abusos sexuales y actos de violencia física, como obligarlas a apagar fuego con las manos.

La fiscal asegura que los ultrajes se extendieron al menos entre los años 2015 y 2023, y que habrían afectado a mujeres que militaban en el espacio o eran alumnas de Rodríguez. También coinciden las jóvenes atacadas que las agresiones ocurrían en sus viviendas, en el departamento de Muñoz o incluso en oficinas del Senado. Y que el objetivo que planteaban los abusadores era conformar “triejas”. A veces, Muñoz compartía y otras veces observaba las acciones violentas de Rodríguez.

Con gran expectativa, se aguarda la audiencia oral que realizará mañana el juez Masi, cuando reciba a los imputados y a las partes en los términos del artículo 168 bis del código procesal. Al término de ese encuentro, la pareja podría ser derivada a una unidad penitenciaria bonaerense hasta el juicio oral, bajo prisión preventiva, según adelantaron calificadas fuentes a Capital 24.