
Suman pruebas a la causa contra los 24 policías bonaerenses echados por Kicillof

El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, investiga una presunta organización criminal que involucra a altos mandos de la Policía Ecológica bonaerense y tiene en la mira un intento de desestabilización institucional, según denunció el propio gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.
En el expediente judicial que tramita en el primer piso del fuero penal de 7 entre 56 y 57 ya fueron reunidos chats, videos y documentos que darían cuenta de una presunta conspiración de 24 policías bonaerenses para favorecer la campaña electoral del ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Tercera Sección electoral.
Desde el Gobierno bonaerense se aportaron las primeras evidencias, las mismas que permitieron impulsar en paralelo un sumario interno en Asuntos Internos.
El escandaloso hecho se inició con una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en momentos que se oficializaba la candidatura de Bondarenko para las elecciones del 7 de septiembre.
La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) intervino de inmediato. Incautó dispositivos electrónicos, en su mayoría computadoras de los oficiales bajo sospecha. También se inspeccionaron dependencias policiales.
El procedimiento de mayor despliegue tuvo lugar en la Dirección de Prevención de Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas, conocida como Policía Ecológica, que está emplazada en nuestra ciudad. Allí se hallaron evidencias que según informaron fuentes de Asuntos Internos y de la fiscalía “ratificaron las sospechas de la denuncia”.
Equipo Rockets
En rigor, se constató la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “The Rockets” o “Equipo Rockets”, donde Bondarenko, identificado como “Maxi Bondarenko nuevo”, intercambiaba mensajes con 24 efectivos, incluyendo al comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la división.
La pericia preliminar verificó además que entre los mensajes, uno se resalta por su gravedad: “Buenas noches queridos amigos! Hace un rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra q mencioné fue el claro reflejo de lo q me trasmitieron y de lo q somos ‘buenos policías’”, escribió Bondarenko, textual.
El mensaje fue revelado hace horas por distintos medios periodísticos. Y supone una conexión directa con el Ministerio de Seguridad nacional, liderado por Patricia Bullrich, quien ha respaldado públicamente al candidato libertario, antes y después de esta estrepitosa denuncia.
En la fiscalía del doctor Garganta los videos que se acompañaron con la denuncia, fueron grabados el 22 de julio pasado. Muestran el contenido de dos computadoras secuestradas por la Policía Ecológica.
En esas PCs se encontraron archivos con el logo de La Libertad Avanza, un protector de pantalla partidario con el león identitario del partido de Javier Milei y pedidos de información pública dirigidos a la Municipalidad de Florencio Varela.
Papelería oficial LLA
Otro elemento de prueba está focalizado en que la documentación incautada por la fiscalía estaba redactada en papelería oficial de “LLA” (La Libertad Avanza). Allí se requerían datos sobre efectivos, patrulleros y recursos policiales, lo que, según la causa penal, supone una evidente violación del artículo 202 de la Ley 13.982, que prohíbe a los policías bonaerenses realizar actividades políticas partidarias.
Entre las evidencias halladas aparecieron borradores de proyectos de ley en materia de seguridad que los policías habrían preparado para Bondarenko, según se indicó. Ese material tenía como destino, al parecer, elevarlos en la Legislatura a modo de “proyecto” si Bondarenko era elegido en los próximos comicios.
El fiscal Garganta ya mandó a peritar uno de los documentos secuestrados y que causó gran estupor entre los investigadores judiciales. Se trata de una lista de lugares y nombres de efectivos que podrían “prestar colaboración” en un eventual “clima de descontento” por reclamos salariales. Esa evidencia fue interpretada por el gobierno bonaerense como un alarmante plan de agitación interna, orquestado para corromper, conspirar y desestabilizar.
Bullrich al cruce
Precisamente, ante la causa penal iniciada, la primera que salió al cruce fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien calificó las suspensiones de los 24 policías como “persecución política”.
Además, la ministra acusó al gobernador Kicillof de “odiar a la policía” y “estar del lado de los delincuentes”. Eso lo dijo en una conferencia de prensa junto al denunciado Bondarenko y Sebastián Pareja, conocido armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
Bullrich reaccionó diciendo que los policías fueron sancionados por “compartir un asado” con el candidato, a quien vinculó afectivamente como parte de la “familia policial”. De esa manera, la ministra minimizó los hechos.
A su vez, el denunciado Bondarenko, rechazó la acusación en su contra. Dijo que era una “cacería de brujas” contra la Bonaerense.
En tanto, desde la justicia platense se aguardan nuevos allanamientos y seguimientos con escuchas telefónicas. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respaldó tanto la investigación judicial como el sumario en Asuntos Internos con las suspensiones.
Alonso explicó que los 24 efectivos fueron pasados a disponibilidad preventiva, no exonerados, mientras avanza la investigación administrativa y judicial.
“No perseguimos a nadie por sus ideas, pero la ley prohíbe usar recursos del Estado para actividades partidarias. Estos policías actuaban como una consultora política dentro de la fuerza”, sentenció Alonso.
El ministro confirmó también que el asado aludido por la ministra Bullrich, y que tuvo lugar en la vivienda de un comisario en Florencio Varela, fue precisamente el lugar donde se “coordinaron estas actividades ilícitas”.
En los tribunales de La Plata compararon estas maniobras con el recordado movimiento “Los Sin Gorra” de los años ‘90: un grupo de policías exonerados que buscaban influir en la política de seguridad.

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