Con los “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, la elevación a juicio de la causa “Chocolate” sigue dando sorpresas

En sus 450 páginas, la resolución de la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, dio detalles pormenorizados de las maniobras que desencadenaron un perjuicio al Estado superior a los 800 millones de pesos y que tiene como principales imputados a Julio “Chocolate" Rigau, el ex concejal platense Facundo Albini y su padre Claudio Albini, ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Al elevar el expediente a juicio oral, la fiscal aseveró que se detectaron en la investigación al menos 15 empleados que tenían dos trabajos en paralelo y decenas de irregularidades administrativas.

Para Lacki, esos empleados son parte de la operatoria ilícita. También verificó que algunos agentes residían a varios kilómetros de la Legislatura, su supuesto lugar de trabajo. Por caso, hay una “empleada” que residía en España y otra con domicilio en Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Cámara de Diputados de calles 7, 51 y 53. 

Además de los tres principales imputados, la fiscal Lacki afirma que deben subir al banquillo de los acusados los dueños de las tarjetas de débito que tenía en su poder Rigau cuando fue sorprendido in fraganti haciendo extracciones numerosas en los cajeros del Banco Provincia de 7 y 54, a metros de la Legislatura. 

La fiscal enfatizó que todos los dueños de las tarjetas también sacaron provecho de las maniobras de “Chocolate” a pesar de que sus sueldos luego pasaban a los Albini. Esos beneficios consistían en tener la obra social IOMA y una jubilación asegurada. 

“No puede sostenerse que fue la necesidad lo que impulsó su participación delictiva, porque no se trataba de obtener un trabajo que satisficiera sus necesidades básicas, se trataba de formar parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias “sin esfuerzo” a costa de la sociedad toda”, aseguró la fiscal Lacki en su requerimiento de elevación a juicio. 

Para la funcionaria judicial, el principal sospechoso de la asociación ilícita es Claudio Albini, que sigue detenido bajo prisión preventiva junto a su hijo Facundo. 

Entre las evidencias que reunió la fiscalía, se acreditó que Claudio Albini tenía encuentros con Rigau antes y después de las extracciones bancarias. Para la fiscal, se probó que recibió varias de las tarjetas y que tenía la posibilidad de otorgar contratos desde su cargo en el área de Personal.

Las pericias en el expediente también dijeron lo suyo. En el teléfono celular de “Chocolate” Rigau no había mensajes directos con Claudio Albini, pero se detectaron decenas de chats donde aludía al funcionario de la Cámara de Diputados. “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, le escribió Rigau a una mujer agendada como “Carmen” el 28 de julio de 2023. 

También hay otro mensaje donde dice: “Viejo, buen día, escuchame, si llegas a rendirle temprano a Claudio y lo llegas a ver por el tema del recibo avisame”, le espetó a un contacto agendado como “Chispa”.

Con el que sí había varios contactos era con el ex concejal platense Facundo Albini. Entre él y Rigau se verificaron numerosos chats y audios en el celular peritado. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, fue uno de los chats que le envió a “Chocolate”. 

En su dictamen, la fiscal detalló que luego de cada recaudación, Rigau le rendía a Facundo Albini los comprobantes de los movimientos bancarios. De eso hay varias fotos incorporadas a la causa. En uno de los tickets se ve el nombre de Perla de Micheli, la suegra del ex concejal.

Facundo Albini se desempeñó como director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura y luego fue por la reelección como concejal en la lista que acompañaba al actual intendente Julio Alak. Pero debió renunciar cuando explotó esta causa en los medios.

Entre los empleados “fantasma” se destaca el de María Eugenia Rodríguez, quien estuvo contratada por la Legislatura bonaerense entre mayo y octubre de 2023. La fiscal estableció que durante esos meses vivía en España. 

La cuestión es que, en septiembre de 2023, cuando “Chocolate” Rigau fue detenido in fraganti haciendo extracciones a mansalva, en su poder tenía la tarjeta de débito de Rodríguez, entre otras personas. 

Sin embargo, la Cámara de Diputados rescindió el contrato de esa mujer el 31 de octubre de ese año, sin hacer mención a las irregularidades que habían detrás. La Legislatura, incluso, formuló un sumario interno donde concluyó no haber encontrado irregularidades ni perjuicio en las maniobras endilgadas a Rigau. 

En tanto, la causa penal seguía descubriendo nuevos casos. Como el de la “empleada” legislativa María Amanda Albino, quien declaró un domicilio en la calle 55 de La Plata, pero luego se comprobó que de lunes a viernes vivía en la ciudad de Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Cámara de Diputados. 

“La inconsistencia y contradicciones de la situación de Albino es solo uno de los ejemplos de la “informalidad” de las contrataciones de los agentes involucrados en las maniobras investigadas, donde la investigación preliminar de la Cámara de Diputados no ha reparado y ni siquiera efectuado un comentario al respecto”, conjeturó la fiscal Lacki en su resolución. 

También se verificó que al menos 15 “empleados” bajo sospecha, declararon que tenían otros trabajos incompatibles por horario y distancia con el de la Legislatura. Álvaro Agra dijo ser empleado de un comercio de Tigre, Ernesto Fabián Crivaro manifestó ser empleado de Buenos Aires Zona Franca La Plata, María Cecilia D’Ovidio refirió́ tener una panadería, y José́ Alberto Da Ponte dijo que trabajaba en un comercio de lotería.

En ese listado emergen dos de los hijos de Rigau. Se trata de Gerardo Román (trabajaba en el hipermercado Chango Más) y Maximiliano Gastón (empleado de una distribuidora de aguas y gaseosas). 

La investigación judicial también tiene su punto crítico. Para el juez de Garantías que interviene en la causa, Federico Guillermo Atencio, la fiscalía debió haber apuntado hacia vías jerárquicas superiores por encima de Claudio Albini en la Legislatura. La asociación ilícita, a su entender, tiene eslabones de mayor peso en el escalafón jerárquico.