Con una inversión de 15 mil millones de pesos, los trabajos contemplan la renovación y modernización del sistema, que abarca a unas 170 mil luminarias en todas las localidades.
Juicio oral en La Plata a sindicalistas por fraude en la Dirección General de Cultura y Educación
El caso se produjo hace 15 años. Recién arriba a la instancia de juicio. A los imputados se los acusa de desviar fondos de la DGCyE en materiales de construcción que pertenecían a escuelas de la provincia para edificar una vivienda en Gonnet de un alto dirigente gremial.
REGIÓN 19/03/2024
Un grupo de sindicalistas enfrentará un juicio oral y público en el fuero penal de La Plata acusado de desviar materiales de construcción destinados a la refacción de escuelas bonaerenses para construir la vivienda particular de su referente gremial.
El debate tendrá lugar en el palacio de justicia de 8 y 56. Fue pautado entre los días 3 y 9 de abril y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) III de La Plata.
Durante las audiencias de debate se intentará establecer si además de los materiales de construcción se empleó personal de la cartera educativa bonaerense.
El caso que comenzó a investigarse hace 15 años por la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata tuvo como imputados al sindicalista Fernando Marín y a los empleados de la Dirección General de Escuela bonaerense, Tulio Pedriel, Ricardo Molinari, Carlos Gardinetti, Hugo Marfil y Francisco López.
La causa fue instruida por los entonces fiscales de instrucción Esteban Pascual Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, quienes dieron por acreditado que los procesados utilizaron "mano de obra, herramientas y materiales del Estado Provincial", que estaba bajo su custodia para edificar una vivienda particular en un terreno ubicado en la localidad de Gonnet
Aquel pedido de elevación a juicio fue convalidado por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, bajo los cargos de "malversación de caudales públicos (peculado)".
La investigación judicial comenzó en 2009, a partir de la denuncia de un empleado de Educación, contra un compañero de trabajo. En esa presentación se indicó que el imputado Marín habría logrado construir o ampliar su casa, de importantes dimensiones, en calle 5 entre 504 y 505.
En la etapa de instrucción judicial un testigo indicó que hasta esa casa vio llegar una cuadrilla de albañiles, techistas y electricistas, en dos camionetas Trafic, que estaban también cargadas con materiales y herramientas de la repartición, dependiente de Educación bonaerense, según indicaron fuentes de la investigación.
También se señaló que en la causa había sido procesada la mujer de Marín, por el mismo delito, pero como partícipe primario, que es la persona que forma parte en la ejecución del hecho o presta una colaboración al autor o autores sin los cuales hubiera sido imposible cometer el ilícito, y recibe la misma pena establecida para el ejecutor.
Fuentes judiciales consignaron que esa imputación recayó sobre Mailín María Herrera, la mujer de Marín, empleado de la dirección de Servicios Generales de Educación y sindicalista de UPCN. La defensa de Herrera peticionó por la desvinculación de su asistida para el juicio oral.
En los primeros tramos del expediente, Marín fue beneficiado con una eximición de prisión bajo fianza de 50.000 pesos, medida que fue revocada por la Cámara Penal platense, y luego recurrida ante la Casación bonaerense, lo que le permitió permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso.
Durante la investigación, el fiscal Paolini destacó "la gravedad de los hechos investigados -construcción de una vivienda particular con fondos y mano de obra del Estado provincial-, debería constituir obstáculo suficiente para la concesión del beneficio cuestionado", ya que llegado el caso, a Marín le correspondería ir preso, ya que el delito que le imputan "malversación de caudales públicos ", es penado con 2 a 10 años de reclusión o prisión.
Con ese planteo, el doctor Paolini arribará como único fiscal de juicio. Por su parte, los sindicalistas que arriben como imputados al debate oral serán asistidos por los defensores particulares Flavio Gliemmo, Pablo Cuomo, Héctor Granillo Fernández y Juan Di Nardo. Ayer se supo además que el imputado Molinari falleció durante el trámite de las actuaciones.
Los seis empleados de Educación fueron despedidos de la Dirección General de Escuela en febrero de 2012. Los medios periodísticos de aquel momento señalaban que “por estafas y la utilización de fondos públicos de manera ilegal. Fernando Marín, uno de los despedidos había enfrentado a Carlos Quintana, líder de UPCN”. Además fue candidato “a diputado provincial por el Partido Renovador”, donde confrontó con Gabriel Bruera, en aquel momento, hermano del intendente de La Plata, Pablo Bruera.
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