Una senadora bonaerense es la nueva “Chocolate”: la Justicia pidió su desafuero

Tras la escandalosa investigación que se tramita en el fuero de La Plata y que tiene bajo prisión preventiva a Julio “Chocolate” Rigau, a Facundo y a Claudio Albini, ayer la justicia de garantías solicitó al Senado de la provincia de Buenos Aires el desafuero para la legisladora Flavia Delmonte (UCR-Juntos por el Cambio) por una maniobra de defraudación al Estado bonaerense perpetrada durante los últimos años con empleados “fantasma”. 

 

El pedido de desafuero a la senadora Delmonte tiene la firma del juez de Garantías David Leopoldo Mancinelli, en el marco de la investigación que lleva adelante el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez.

 

En esta nueva causa penal que tramita en paralelo a la que instruye la fiscal de La Plata, Betina Lacki, el juez de garantías de Dolores, Mancinelli, subrogando a su par Diego Olivera Zapiola, resolvió que para avanzar con la investigación es necesario que el Senado le retire los fueros a Delmonte.

 

Para el magistrado, la senadora Delmonte debería comparecer ante la justicia junto a su asesor Kevin Alan Razimoff y su empleado Gonzalo Torrijo Fuertes. 

 

La fiscalía pretende indagar a Delmonte, Razimoff y Torrijo Fuertes como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública, y citó a declaración informativa a otras cinco personas vinculadas al entorno de la legisladora. 

 

El expediente judicial comenzó en 2021, mucho antes que explotara en el fuero de La Plata la denominada causa “Chocolate” pero el modus operandi de uno y otro caso tiene enormes similitudes según aseguraron los investigadores, cometido a través de una red de empleados “fantasma, ñoquis o prestanombres” a quienes se los contrataba en la Legislatura bajo la promesa de otorgarles la obra social IOMA y aportes jubilatorios. A cambio, estos agentes, que no tenían la obligación de ir a trabajar, debían dar a sus “empleadores” el total de sus sueldos.

 

Entre los empleados “ñoquis” que apunta la fiscalía hasta el momento son un comerciante radicado en Pinamar, una vecina de Punta Lara, a un abogado y a un maestro mayor de obras en Mar del Tuyú, y a una concejal de Mar del Plata, también de Juntos por el Cambio. 

 

Para la fiscalía, la senadora Delmonte, y al menos dos de sus colaboradores, habrían perpetrado “maniobras encaminadas a perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistentes en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no estaban cumpliendo con sus funciones”.

 

En la causa penal se pudo reconstruir parte de la presunta maniobra a partir de la denuncia que presentó la ex cuñada de Delmonte, Yanina Arce, quien denunció que aceptó figurar como empleada entre 2019 y 2020, cuando cobró $10.000 por mes y entregó el resto de su salario –cerca de $90.000, monto que luego aumentó- a cambio de los aportes previsionales y la obra social, cuando al parecer padecía afecciones en su salud. 

 

Como primera medida investigativa, la fiscalía pidió al Banco Provincia de Buenos Aires información sobre esos contratos. También se hicieron pericias informáticas que acreditaron movimientos que se operaban desde la computadora y oficina de la senadora.

 

 

 

Maniobras similares

 

 

 

Otro punto conexo con la causa que tramita a cargo de la fiscal de La Plata, Betina Lacki, son las continuas reticencias a brindar información para la causa por parte de la Legislatura. Varias veces la fiscal estuvo a punto de allanarla lo que podría haber causado un estrépito a nivel institucional y político. 

 

Por ejemplo, cuando Lacki solicitó documentación sobre los contratos vinculados a los imputados y detenidos bajo prisión preventiva por asociación ilícita “Chocolate” Rigau –puntero del PJ-, Claudio y Facundo Albini, ambos del Frente Renovador.

 

De este modo, la causa que tramita en el fuero de La Plata investiga las maniobras en Diputados. Mientras que el expediente que se instruye en la justicia de Dolores va de la mano con la pesquisa que también instruye la fiscal platense Lacki en torno al Senado bonaerense y el rol desplegado por los otros “Chocolates”: la pareja conformada por Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, vinculados también a la UCR-Cambiemos, filmados realizando extracciones con tarjetas de débito a nombre de empleados del Senado.

 

Flavia Delmonte, oriunda de Mar de Ajó, es senadora por la Quinta Sección Electoral e integrante del bloque UCR-Cambio Federal de la cámara alta. 

 

 

 

El descargo de Delmonte

 

 

 

A raíz de la trascendencia mediática que tomó la investigación de la Justicia, Delmonte emitió un comunicado “a fin de evitar que se afirmen inexactitudes y mentiras” a partir de una causa iniciada por “una ex colaboradora, que además es hermana de crianza de mi ex esposo”. 

 

La legisladora calificó el hecho como un “conflicto” que “se da en el proceso de mi divorcio y con marcado interés en perjudicarme políticamente”. Y enfatizó: “De manera equívoca los conflictos personales son utilizados por una tercera persona y se  judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias de tiempo, modo y lugar como así también se oculta una relación de amistad de más de 25 años”. 

 

La legisladora costera aseguró, a través de las redes sociales, que desde un primer momento (mediados de 2021) estuvo a disposición de la Justicia y advirtió que es “curioso que esta denuncia ingresa unos días antes del armado de listas, donde me presenté para renovar mi banca en el Senado y no creo que esto sea precisamente una casualidad”.

 

En relación a la solicitud de desafuero, Delmonte explicó “no ingresó a la Cámara de Senadores, ya que se encuentra en trámite en el juzgado”. Y aseveró que “las personas que se encuentran mencionados y citados a prestar declaración son personas honestas y de bien, que fueron y algunos aún son parte de mi equipo de trabajo y de militancia, demás está decir que ninguno es ‘ñoqui’, otros han sido colaboradores técnicos en el rol que me toca desempeñar como autoridad de una Comisión o trabajan en el territorio y otros ni siquiera formaron parte del despacho. Tristemente vemos cómo con total impunidad se los menciona y se los condena mediáticamente”. 

 

La senadora de origen radical dijo que “no existe ningún delito, que lo aclararé en el ámbito que corresponde, que es la Justicia y que luego de que termine este proceso, iniciaré las acciones correspondientes contra las personas que nos están calumniando e injuriando”. 

 

Delmonte finalizó el descargo asegurando que esta denuncia busca “mancillar mi prestigio personal y político que es respaldado con más de 30 años de impecable y comprometida militancia de la que los vecinos del Partido de La Costa y la 5ta Sección Electoral son testigos. Sin embargo, estoy convencida de que se hará justicia”.