El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, avanza hacia el cierre de la investigación por el caso del fentanilo contaminado, una causa que ya es considerada la mayor tragedia sanitaria del país. En este tramo final, el magistrado ordenó nuevas ampliaciones de indagatoria para los 14 procesados, mientras se incorporan pruebas que amplían significativamente la dimensión del expediente.
En las últimas horas, Kreplak volvió a interrogar a parte de los imputados, entre ellos el director técnico José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas involucradas; Wilson Daniel Pons, vinculado a la cadena de producción; y Adriana Iudica y Rocío Garay, ambas relacionadas con tareas de elaboración y control de calidad del medicamento.
El avance de la causa es clave: inicialmente, los acusados estaban imputados por 20 muertes confirmadas por el Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, la incorporación de nueva evidencia elevó el número de fallecimientos bajo análisis a 114, mientras que otros 49 pacientes, ya externados, presentan secuelas de diversa gravedad. Aún resta completar la auditoría integral de las historias clínicas.
La investigación apunta a la presunta elaboración y distribución de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a antibióticos, lo que habría incrementado de manera drástica el riesgo de muerte en los pacientes afectados. Los peritajes también buscan determinar el alcance de las secuelas en los sobrevivientes, que podrían incluir incapacidades permanentes, enfermedades crónicas o daños psicológicos severos.
En paralelo, continúan las indagatorias. Días atrás fueron citados el jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, Eduardo Darchuk, y la gerente de Calidad, María Victoria García, quienes optaron por no declarar. En tanto, Ariel García Furfaro —señalado como principal responsable— y la directora técnica Carolina Ansaldi postergaron su presentación, que fue reprogramada para los próximos días. García Furfaro volverá mañana a ser indagado en los tribunales de La Plata.
La ronda de declaraciones seguirá con otros imputados, incluidos directivos y personal técnico de las firmas investigadas, mientras las defensas preparan sus apelaciones.
El expediente se originó en mayo de 2025, luego de que la ANMAT emitiera una alerta sanitaria y prohibiera varios lotes del medicamento tras detectarse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata. Desde entonces, la causa creció en volumen y complejidad.
Con las indagatorias en su etapa final y a la espera de los resultados definitivos de los peritajes, el juez quedará en condiciones de elevar el caso a juicio oral. Las penas previstas para los acusados oscilan entre 10 y 25 años de prisión, de acuerdo con la calificación provisoria por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
