Cuando la corrupción mata: 34 acusados por fraude a IOMA con medicamentos oncológicos, a juicio

Otra megacausa por un millonario desvío de fondos en IOMA arribó a la instancia de juicio. En esta ocasión es por una compra adulterada de medicamentos oncológicos: los más sensibles y costosos del sistema sanitario. Ayer tuvo lugar en el fuero penal de 8 y 56 la audiencia preparatoria del debate oral que tendrá 34 imputados en el banquillo.

En una sala repleta de abogados defensores, parapetados todos frente a la fiscal de juicio de La Plata, Victoria Huergo, y con la presencia de algunos de los imputados, se desplegaron las estrategias frente al Tribunal III de nuestra ciudad para tratar de evitar que lleguen a ser juzgados. Todo vale: pedidos de prescripción por el paso del tiempo, sobreseimientos parciales o totales, juicios abreviados con penas en “suspenso”.

La causa penal lleva más de diez años en trámite. Y eso es, precisamente, tal como lo expresó ayer la fiscal en la audiencia por las maniobras dilatorias de los propios defensores. Recursos de todo tipo. Quejas, apelaciones. Incluso alguno ofreció “reparación económica”. Lo que sea. La idea es que el tiempo pase. Y lo estarían logrando… Al menos para ciertos imputados.

En este expediente los procesados estuvieron varios meses detenidos en una unidad carcelaria. Ahora, se encuentran excarcelados a la espera del debate oral. Se trata de exfuncionarios públicos de alta jerarquía en IOMA, auditores médicos, empleados de la obra social y farmacéuticos de nuestra ciudad.

Los delitos que se les endilgan son falsificación de tratamientos oncológicos y la sobrefacturación de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades graves.

Junto a la fiscal Huergo ayer se posicionó el letrado Martín Lasarte, en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Ambos conformaron el bloque acusatorio. Se opusieron a los planteos de prescripción. Dijeron que si pasaron tantos años de proceso fue precisamente, por las maniobras dilatorias de las defensas. Tiempo que pasa, verdad que huye.

Otra opción sería cumplimentar juicios abreviados en lugar del debate oral único. Eso llevaría a los imputados a que acepten los cargos, se declaren culpables, acuerden penas de cumplimiento condicional (en suspenso) y abonen un resarcimiento económico a la obra social (o al Estado bonaerense) por el daño patrimonial causado.

En su conjunto, los abogados defensores trataron ayer de imponer un pedido de prescripción por el paso del tiempo de la acción penal. Dijeron que ya se extinguió el “plazo razonable” del proceso porque el expediente tiene 12 años en trámite. Durante ese lapso, varios meses los imputados estuvieron encarcelados.

El defensor particular Flavio Gliemmo blandió el argumento de la “prescripción”. El resto de las defensas, por el mismo “precio” adhirieron a su pedido, remarcando que la causa no ha encontrado un veredicto final a más de diez años de iniciada.

Otro de los defensores, Fabián Améndola, del estudio Burlando, manifestó que en la investigación judicial se dio una “inversión de la carga probatoria sin precedentes”. Destacó que falta una pericia contable que establezca con precisión el daño patrimonial ocasionado al Estado.

Améndola asiste a uno de los principales acusados, Marcelo Piergiácomi, quien estuviera a cargo, nada menos que del área de Farmacia en IOMA, con un férreo control sobre el expendio de medicamentos de altísimo costo. El defensor dijo que su cliente -quien además es un referente y ex directivo del club Estudiantes de La Plata-, no debería pagar “ni un peso” como resarcimiento, porque “pasaron nueve años de la primera citación a juicio y está todo prescripto”.

Para la fiscal Victoria Huergo esos planteos son inconcebibles. Enfatizó que la ley de ética pública no distingue entre empleados y funcionarios, indicando que IOMA integra la administración pública, por lo que los hechos investigados tienen “una gravedad institucional significativa”.

En sintonía con la fiscal, Lasarte, por la Fiscalía de Estado descartó el fundamento del “plazo razonable” al definirlo como un “concepto jurídico indeterminado”.

En el resto de las defensas técnicas también intervienen los letrados Brian Álvarez, Julio Beley, Bruno Strassera, César Albarracín, Miguel Molina, Alfredo Gascón y Matías Pietra Sanz.

El caso fue instruido por la Fiscalía de Delitos Complejos que acreditó la existencia de una organización criminal conformada por funcionarios de IOMA, empresarios y farmacéuticos que habría ocasionado un millonario perjuicio económico a la obra social de los bonaerenses.

El daño ocasionado es millonario y fue ejecutado a través de la adulteración de tratamientos oncológicos y la sobrefacturación de medicamentos de alto costo.

La fiscalía estableció que esos ilícitos se habrían perpetrado entre 2007 y 2008. Entre los implicados aparecen tres funcionarios jerárquicos de IOMA: Sergio Leonardo Massaccesi, jefe del Departamento de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica; Guillermo Hernández Plata, médico oncólogo auditor; y Marcelo Piergiácomi, subdirector del área Farmacia y Bioquímica.

Para la fiscalía, esos imputados firmaban y avalaban expedientes adulterados a nombre de afiliados que, si bien estaban enfermos, nunca recibieron los tratamientos. Incluso, se detectaron casos en los que las drogas se expedían a nombre de personas fallecidas.

Además de los funcionarios de IOMA imputados, también se encuentran bajo proceso empresarios de droguerías y responsables de farmacias de La Plata, además de visitadores médicos que habrían participado en la comercialización ilegal de los medicamentos.

Entre los procesados figuran Gustavo Enrique Ricetti; los mencionados Piergiácomi; Massaccesi y Guillermo Hernández Plata, uno de los impulsores de la fallida Crotoxina como tratamiento contra el cáncer. También están imputados las farmacéuticas Marcela Alicia González y Andrea Fabiana Heintz; y los empresarios Luis Alberto Barreiro, Guillermo Ariel Heintz y Víctor Hugo Shama.

Por aquellos años, la causa a cargo de los Fiscales de Delitos Complejos, Jorge Paolini y Esteban Lombardo, se originó a raíz de las denuncias formuladas por las personas afiliadas a IOMA sobre irregularidades en la provisión de medicamentos. También acompañó esas presentaciones la Asociación de Profesionales del IOMA.

Los fiscales acreditaron que los funcionarios imputados habilitaban la entrega de medicamentos a afiliados incluidos en programas MEPPES (medicamentos para patologías especiales), fármacos de alto costo que en ese momento oscilaban entre 800 y 3200 dólares por dosis.

La fiscalía comprobó además un centenar de autorizaciones irregulares, con órdenes ejecutadas en al menos dos farmacias de La Plata, donde se entregaban los medicamentos a personas no autorizadas, “violando los estrictos controles que rigen para este tipo de productos”.

El modus operandi de ese circuito continuaba con la reventa en el mercado negro o clandestino por parte de ciertos empresarios y visitadores médicos, “generando así un lucro indebido a costa de fondos públicos destinados a tratamientos oncológicos”, tal como lo expresó el fiscal Paolini en su requerimiento de elevación a juicio.

A su criterio los delitos en pugna son asociación ilícita y fraude reiterado contra la administración pública.

Los planteos fueron presentados ayer en la sala de audiencias principal del fuero de 8 y 56, ante el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, a cargo del juez Andrés Vitali. La cuestión a resolver es clave. ¿Se da por prescripta la causa por la cantidad de años transcurridos? ¿Se acelera y se “acortan” los procesos con juicios abreviados? O bien, el expediente sigue su curso rumbo al juicio oral, con todos los acusados en el banquillo y con penas en expectativa, dado los encuadres legales en pugna, tan elevadas como de efectivo cumplimiento en ciernes.