En el marco de una Carta Abierta dirigida a la ciudadanía argentina que está preocupada por la violencia, la Red Argentina para el Desarme dio a conocer el reciente lanzamiento de la campaña nacional “Por una Argentina sin armas, para una Argentina sin violencia”.
La actividad llevada a cabo por la mencionada entidad -integrada por organizaciones de la sociedad civil- se hizo en coincidencia con el cumpleaños de Alfredo Marcenac, un joven de Necochea que fue asesinado en el año 2006 en plena Avenida Cabildo por una persona autorizada por el Estado para tener armas de fuego.
“La muerte de Mercenac puso en evidencia los serios déficits de un organismo que apenas cumplía con su función registral, y el descontrol del mercado de las armas de fuego en nuestro país”, destacó la Red.
En dicha carta, indicaron que advirtieron sobre los riesgos inherentes a la proliferación de las armas de fuego y la necesidad de que el Estado implemente políticas públicas para el control de las armas y la prevención de la violencia con armas de fuego.
Ante la magnitud del problema, entre el año 2006 y 2023, gobiernos de distinto color político implementaron y sostuvieron medidas con esa orientación: se modificaron los requisitos para el acceso a las armas, se recuperaron y destruyeron más de 100.000 armas de fuego a lo largo y ancho del país y se reemplazó el viejo Registro Nacional de Armas (RENAR) por un organismo moderno diseñado para ejercer el control (la ANMAC, Administración Nacional de Materiales Controlados).
“Muchas de estas medidas fueron acompañadas por distintas composiciones del Congreso de la Nación, que en al menos 10 oportunidades votó -con el consenso de prácticamente todos los bloques políticos- leyes para fortalecer el control. Durante estos casi 20 años se construyó un consenso social y político sobre el que se asentaba una necesaria política de Estado”, recordó la Red.
En diálogo con Capital 24, una de las integrantes de la Red, Aldana Romano, señaló que en julio último “dos días antes de que caducaran las facultades delegadas de la Ley Bases, el presidente Javier Milei dictó el Decreto 445/2025, mediante el cual eliminó el organismo de control y prevención de las armas de fuego y restituyó el obsoleto RENAR”.
“Este Decreto forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a flexibilizar el acceso a las armas de fuego, simplificar los controles y avanzar paulatinamente hacia la libre portación de armas, política a la que ha adherido públicamente el Presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, agregó Romano.
Seguidamente, Romano señaló a Juan Pablo Allan, titular de la ex ANMAC -hoy RENAR- y actual candidato a concejal en primer término por la Libertad Avanza platense de “haber dictado diversas medidas, como ser: la reducción de la edad para el acceso a las armas de fuego, que bajó de 21 a 18 años (decreto 1081/2024); la habilitación de compra de fusiles semiautomáticos, antes prohibidos para la población civil (decreto 397/2025) y la simplificación de trámites para la ‘tenencia express’ de armas de fuego, con la consiguiente relajación de los controles (Res. ANMAC 45/2025)”.
“Las medidas han tenido un correlato directo: hoy tenemos un 13,2% más de usuarios de armas de fuego que en 2023”, sentenció la integrante de la Red, que pese al intento de reunirse con Allan “como hemos hecho con todos los gobiernos de todos los colores políticos, nunca nos recibió”.
Por último, Romano expresó que “ni los teóricos de un estado minimalista conciben que el mercado de las armas pueda dejarse en manos de los privados. Pero Milei, Bullrich y Allan ensayan un liberalismo de los negocios que privilegia los intereses de unos pocos en detrimento del cuidado de la sociedad en su conjunto”.
