A través de la empresa Mekorot
El decreto 493/2025 del Poder Ejecutivo, que habilita la venta del 90% de AySA, no es un hecho aislado: es parte de un reordenamiento más profundo donde el agua deja de ser derecho social y pasa a ser un producto. El giro quedó en evidencia con la confirmación pública de que Mekorot, la empresa estatal israelí denunciada por prácticas de apartheid hídrico en Palestina, asesora a la compañía argentina.
El dato, revelado por el propio Diego Berger, titular de proyectos especiales de Mekorot, corrió el velo: no están comprando acciones porque sus estatutos lo prohíben, pero sí están detrás de las decisiones estratégicas. Y mientras tanto, acumulan convenios provinciales en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut y Neuquén. Ahora también aparece Buenos Aires en la lista.
Lo que preocupa no es solo la cantidad de acuerdos, sino el patrón que repiten: cesión de datos, control de información y capacidad de decidir sobre cortes y provisión. En Río Negro, por ejemplo, se les transfirió propiedad intelectual de los recursos hídricos. “Se refleja la visión de Mekorot sobre el agua: tratarla como mercancía, decidir a quién se la da y a quién no”, alerta Gisela Cardozo, de la Campaña Fuera Mekorot y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
De Palestina a la Argentina: el mismo libreto
La experiencia de Mekorot en Palestina es la carta de presentación: administrar el agua como herramienta de poder. Naciones Unidas la denunció por prácticas de apartheid, distribuyendo de manera desigual entre colonos israelíes y comunidades palestinas. Hoy, parte de esa lógica aterriza en Argentina bajo la excusa de “eficiencia técnica”.
La Campaña Fuera Mekorot denuncia desde hace años la expansión silenciosa de la firma y apunta también a responsables políticos locales. Según Cardozo, Wado de Pedro fue uno de los principales facilitadores del desembarco de la empresa en el país cuando era ministro del Interior. La reunión que mantuvo la APDH con él terminó en una respuesta desoladora: “Ay, no sabíamos que era una empresa denunciada por violar derechos humanos”. Aun así, los convenios siguieron.
La subordinación no distingue colores políticos. Con Milei, el alineamiento es explícito con Israel y Estados Unidos, pero la apertura a Mekorot no empezó ayer: viene de un consenso más amplio que atraviesa oficialismos y oposiciones.
¿Qué viene después del agua?
La pregunta inevitable es qué otros recursos entran en la mira. El agua ya está en proceso de extranjerización. Pero el manual israelí de expansión combina tecnología, seguridad y control sobre bienes estratégicos. Si hoy asesoran sobre agua, mañana pueden avanzar sobre energía, datos o agricultura de precisión. La lógica es clara: el recurso como arma de poder y la dependencia como método de control.
En un país con reservas de litio, petróleo y gas, con capacidad alimentaria y con un acuífero gigante como el Guaraní, pensar que el agua es la última frontera sería ingenuo. Mekorot es apenas la punta del iceberg de una geopolítica que entiende que sin agua no hay vida, sin energía no hay producción y sin datos no hay soberanía.
Argentina, que alguna vez fue ejemplo global por juzgar crímenes de lesa humanidad, hoy se entrega como socio menor a un Estado denunciado por genocidio en Palestina. El caso de Mekorot muestra un nuevo tipo de ocupación: no hacen falta tanques ni invasiones, alcanza con decretos y convenios firmados a espaldas del pueblo.
El agua, recurso vital y estratégico, se convierte en mercancía en manos extranjeras. Y con cada provincia que cede soberanía, se consolida un mapa de dependencia. La pregunta ya no es si Mekorot controla el agua argentina, sino hasta dónde vamos a permitir que llegue. Porque en el siglo XXI, perder el agua es perderlo todo.
