En ellas, el Colegio enfatizó que “aun conscientes de los factores macroeconómicos que afectan a todas las actividades productivas” advertien “con alarma” el impacto que “ciertas restricciones, demoras e incertidumbres locales provocan sobre la actividad constructiva, con efectos directos en el empleo, la cadena de suministros, el quehacer profesional y el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes”.
Entre los principales obstáculos, la entidad mencionó “el permanente cambio de responsables de las áreas involucradas, la imposición de nuevas modalidades operativas, variables criterios interpretativos de la norma, los impredecibles plazos de resolución de los expedientes y el desmedido aumento de la Tasa por Derechos de Construcción”.
También se refirieron a la suspensión o demora en la tramitación de permisos de obra, incluso en casos que no presentan objeciones urbanísticas relevantes.
- Los cambios reiterados en las áreas temáticas, generando falta de continuidad operativa, nuevas exigencias documentales y criterios dispares en la interpretación normativa.
- El desmedido aumento de la Tasa por Derechos de Construcción, más de un 400 por ciento de incremento para el 2025 y un 350 por ciento acumulado en el 2024, que no se corresponden con una prestación municipal acordes, desincentivando la actividad formal y profundizando la informalidad
- La ausencia de mecanismos ágiles para resolver situaciones de obra paralizada, afectando tanto al propietario como al profesional actuante, limitando además el flujo económico que la construcción genera para la ciudad.
Por ese motivo, la organización profesional recomendó “medidas urgentes para dinamizar y regularizar la actividad”.
Entre estas últimas, mencionó “la puesta en vigencia de los Permisos de Obra Provisorios, la convocatoria a CIAC -Comisión de Interpretación y Actualización del Código-, la aceleración del proceso de digitalización de los expedientes y la remisión de información a través de la monotasas”.
