Por: Juan José Martínez, de la redacción de Capital 24
Agustín tenía 21 años. Un día después, el 8 de abril, hubiese cumplido 22. En diálogo exclusivo con Capital 24, su madre, Marcela Coronel, rompió el silencio y lanzó un crudo reclamo: justicia.
“Mi hijo fue acusado injustamente, sin pruebas. Nunca pudieron comprobar nada. Aceptamos todo: Cámara Gesell, pericias psicológicas… y nada dio en su contra. Pero el daño ya estaba hecho”, expresó con profundo dolor.
Según su testimonio, la acusación por abuso que pesó sobre Agustín habría sido impulsada por el padre de una menor, a quien calificó como una persona “violenta y manipuladora”.
Asegura además que la situación generó un hostigamiento constante hacia su hijo y su familia durante años. “La mirada de la gente, los comentarios, los opinólogos… eso fue lo que más lo destruyó”, dice Coronel.
“Él no podía vivir con esa carga que nunca le correspondió”, agregó, y también denunció irregularidades y falta de respuestas por parte de la Justicia. La causa tramita en la fiscalía a cargo de Cecilia Corfield donde —según le habrían informado— existen miles de expedientes en curso.
“Nos dijeron que hay más de 5.000 causas. ¿Y entonces? ¿Mi hijo tenía que esperar mientras su vida se destruía?”, cuestionó. La mujer asegura haber realizado más de 25 denuncias, muchas de ellas archivadas, y actualmente solicita el desarchivo y la unificación de las causas.
Además, indicó que recibió asesoramiento de organismos provinciales y nacionales, incluyendo áreas vinculadas al Ministerio de Mujeres y al Ministerio de Justicia.
En su relato, también apuntó contra los padres de la menor involucrada, a quienes responsabiliza directamente por lo ocurrido: “Les arruinaron la vida a mi hijo y a toda mi familia”, sentenció.
“Quiero que paguen por el daño que hicieron sin pruebas, por mentir y destruir”, reclamó, para luego expresar: “No voy a parar hasta que haya justicia. Mi hijo era feliz y le arrebataron la vida”.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: el impacto devastador de las acusaciones públicas sin resolución judicial firme, el peso del escrache social y las consecuencias psicológicas que pueden derivar en tragedias irreparables.
