Desde La Plata, el jefe de los fiscales bonaerenses pidió las pruebas para el juicio político a la jueza Makintach

De estrella a estrellada... A la apodada jueza “divina”, ¿Solo le queda renunciar para asegurarse una cotizada jubilación y evitar así el escarnio público de un jury de enjuiciamiento? Ayer, desde su despacho en La Plata, el procurador ante la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, pidió todas las evidencias reunidas en contra de la magistrada de San Isidro, Julieta Makintach, a causa del histórico escándalo de alcance internacional por el documental que declaró nulo el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. 

El pedido del jefe de los fiscales y defensores oficiales de la provincia, se produjo luego de recibir el traslado de la Corte, que le “confirió vista” para determinar si corresponde, o no, denunciar a la jueza Makintach y de esa forma impulsar el juicio político en su contra que la conmine a una eventual destitución. 

Ese sería el primer paso de un proceso de enjuiciamiento político. En caso de destitución, la llamada jueza “divina” podría ser procesada en una causa criminal, a la espera de una posible sentencia. 

El procurador recibió la “vista” o traslado de que la Suprema Corte le impusiera a Makintach una licencia de 90 días, suspendiéndola en su cargo de magistrada. Entre las pruebas que pidió Conte Grand figuran los videos del documental “Justicia Divina”, crudos o editados. 

Las evidencias fueron colectadas en la investigación penal preparatoria (IPP) que impulsaron con inmediatez y eficacia, a riesgo de que no se borrara ningún video, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Esa causa está calificada como “averiguación de ilícito” y logró reunir las piezas audiovisuales que le fueron enrostradas en el juicio oral a la jueza, mientras intentaba negar su accionar una y otra vez. 

Esos fiscales de San Isidro habían sido quienes durante el fin de semana y contra reloj allanaron las productoras del documental y los domicilios de los realizadores. Allí fueron secuestrados el guión de “Justicia Divina”, el tráiler del documental, los roles del equipo técnico y las facturaciones. 

Todo ese conjunto de evidencias, como se mencionó, le permitió al fiscal de juicio Patricio Ferrari refutar los fallidos intentos de Makintach por sostener sus mendaces argumentos. Eso ocurrió en la audiencia del miércoles. Ayer, los otros dos conjueces del tribunal declararon la nulidad del juicio por la muerte del excapitán de la Selección Argentina, Nápoli y Boca Juniors, para muchos, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, Diego Maradona. 

Como jefe de los fiscales de la provincia, Conte Grand podría impulsar un proceso de destitución por los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o tráfico de influencias. Además de los videos editados o no del controvertido documental “Justicia Divina”, el procurador requirió al máximo tribunal bonaerense los registros audiovisuales de las 19 audiencias del juicio oral que ayer fue declarado nulo por los dos conjueces del Tribunal Oral Criminal N° III de San Isidro.

Tal como anticipó ayer Capital 24, tras el dictamen del procurador será la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, con sede en La Plata, la que prosiga con la denuncia contra Makintach. 

El apartamiento de la jueza “divina”, tal como la apodan en tribunales, por el plazo de 90 días fue dispuesto por los ministros de la Corte provincial Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Ese dictamen se basó en el artículo 182 de la Constitución bonaerense: “Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones”.

Precisamente, ayer explicó los alcances del proceso que se seguirá en adelante, el Secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez, quien a la vez vaticinó que “es muy probable” que Makintach deje de ser jueza.

El proceso de juicio político deberá realizarse ante un jurado de 11 miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.

Ulises Giménez explicó que la Corte bonaerense había iniciado una investigación de oficio y con las pruebas recolectadas, decidió licenciar a la jueza Makintach por 90 días, en virtud de la gravedad institucional de este caso. 

“No es la primera vez que la Suprema Corte toma este tipo de determinación respecto de algún magistrado o fiscal respecto a hechos de gravedad”, remarcó el funcionario, quien además reveló que recibieron cuatro denuncias de particulares respecto al caso de la jueza “divina”.

“Es una cosa que impresiona un poco -enfatizó Giménez-, lógicamente quien va a decidir la suerte de la magistrada no es la Secretaría a mi cargo. La Provincia de Buenos Aires tiene un sistema de enjuiciamiento en el que nuestra Secretaría es la encargada de recibir las denuncias y hacer la instrucción, pero después se sortea un jurado”, de enjuiciamiento. 

Fue por eso que además de la suspensión por 90 días, se dispuso darle urgente traslado al procurador Conte Grand. Ahora se aguarda que determine si corresponde continuar con una acusación formal. 

“Lo que hace la Corte es que prontamente separa como medida preventiva a Makintach, lo que denota la importancia que nuestra Corte le da al asunto. Si el Procurador decide denunciar, que es lo que creemos que va a ocurrir, adelantaría los tiempos porque con las denuncias de los particulares, deberíamos comunicar a la Corte, a la Comisión Bicameral, para emitir un dictamen no vinculante y luego se sortea el jurado”, graficó Giménez. 

En su conjunto, el procedimiento da cuenta de un debido proceso legal, con las garantías necesarias que se le pretende conferir a Makintach. Lamentable, un proceso que dista en mucho del escandaloso juicio que ayer quedó en foja cero, tras declararse su nulidad, dejando en incertidumbre el destino de los siete imputados colmando de más angustia y dolor a los familiares y allegados de Diego Maradona. 

La resolución de la Corte bonaerense se produjo en el marco de las actuaciones impulsadas por la Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal a causa de las presuntas irregularidades vinculadas a la conducta de la doctora Makintach, en el ejercicio de sus funciones, es decir, su participación en el rodaje del documental “Justicia Divina”, en medio de un oscuro y clandestino accionar, aprovechándose de su cargo de magistrada.

En tanto, ayer se dio a conocer que el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) manifestó su profunda preocupación por la conducta de la jueza Julieta Makintach. Evaluaron que el caso atenta directamente contra la credibilidad del Poder Judicial y, al mismo tiempo, es un llamado para “reforzar los mecanismos de ética y control judicial, porque la justicia no puede ni debe convertirse en un espectáculo mediático”.

Según expresó el FORES en un comunicado, la decisión de Makintach de introducir equipos de filmación en el recinto judicial constituyó una violación a los principios de imparcialidad, reserva y decoro que rigen la función judicial. La organización advirtió a su vez que este episodio representa un caso paradigmático del denominado “juez mediático”, una figura que “no se conforma con la silenciosa dignidad del ejercicio jurisdiccional, sino que siente la compulsión de exponerse bajo las luces y pantallas, disfrazando de actividad institucional lo que, en rigor, es mero narcisismo”. 

La parte acusadora, la querella y las defensas suponen que antes de agosto, si existe la voluntad del sistema de justicia, podría volver a ventilarse el juicio oral por la muerte de Maradona, con un nuevo tribunal.