La medida fue dispuesta por dos votos a uno, por el máximo tribunal penal bonaerense, con sede en La Plata. La fiscal apelará para que intervenga la Suprema Corte provincial. Por ahora el acusado sigue en la cárcel.
POLICIALES 10/10/2024
La Casación bonaerense, con sede en La Plata, dispuso ayer otorgar la prisión domiciliaria a Julio “Chocolate” Rigau, quien se encuentra detenido por cobrar sueldos a empleados “fantasma o prestanombre” de la Legislatura bonaerense, con tarjetas de débito ajenas para entregar lo recaudado a Facundo y Claudio Albini, un ex concejal de nuestra ciudad y su padre, ex funcionario de la Cámara de Diputados provincial.
El dictamen fue por mayoría. La Casación se basó en la duración de la prisión preventiva, las condiciones de salud de Rigau y la necesidad de un equilibrio entre la libertad personal y la necesidad de garantizar la seguridad pública.
La jueza platense Florencia Budiño votó en minoría. A su criterio, “Chocolate” debe seguir tras las rejas hasta el juicio oral dada la gravedad del delito que se le imputa, “asociación ilícita” y el perjuicio ocasionado, estimado hasta el momento en 800 millones de pesos, solo entre enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando fue detenido Rigau sacando dinero en los cajeros de la sucursal bancaria de 7 y 54.
No obstante, por el momento, Rigau no podrá salir de la unidad penitenciaria donde está alojado. Porque se aguarda que la fiscalía de Casación apele la prisión domiciliaria. De tal manera, que la cuestión será resuelta por la Suprema Corte provincial.
El resolutorio al que tuvo acceso Capital 24 y que otorgó la prisión preventiva morigerada a Rigau fue dictada por los jueces de la Casación, Mario Kohan y Fernando Mancini, con mencionada disidencia de la magistrada Budiño, todos integrantes de la Sala II del alto tribunal penal de la provincia.
Por su parte, el juez Mancini consideró en el fallo de Cámara que le denegó la morigeración de la prisión preventiva a Rigau, los jueces pudieron incurrir en “derecho penal de autor”.
“La enumeración de perfiles como la modalidad, la cantidad de eventos, y su prolongación en el tiempo”, así como “la pena en expectativa, el perjuicio a la administración pública y la actividad desplegada facilitando la comisión de actos de corrupción” no son suficientes para “la fundamentación de la negativa de atenuación”, aseveraron Mancini y Kohan, en una controvertida postura.
Ambos magistrados argumentaron que “la idea de la fuga o el entorpecimiento procesal” sí son motivos que sostienen la prisión preventiva. “La provisionalidad de las calificaciones legales (estrechamente vinculadas a la ponderación de la pena en expectativa) diluye, especialmente en este caso, a ese parámetro como dato ilustrativo de los riesgos procesales”, consignó el juez Mancini, quien destacó que Rigau “no rehuyó la detención luego de que se revocara una libertad mal concedida”. El juez Kohan adhirió a ese criterio.
A su turno, la jueza Florencia Budiño, sostuvo en contrapunto que “la decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata que confirmó la denegatoria de morigeración de la prisión preventiva resulta ajustada a derecho”.
Para Budiño, los jueces de la Cámara evaluaron la situación de salud de Rigau y consideraron que “no constituían una situación de excepción que habilitara la morigeración”, pues puede recibir atención médica adecuada en la cárcel, más precisamente en la Alcaidía de Melchor Romero donde se encuentra alojado junto a los Albini.
También los peritos habían establecido en Rigau “la ausencia de un cuadro anímico de depresión tratable psiquiátricamente y la falta de evidencia de alteraciones patológicas significativas”, remarcó la jueza Budiño. Y en relación a sus afecciones relacionadas con la hipertensión arterial, se consideró que su control y tratamiento podía ser cumplimentado en la cárcel.
La jueza Budiño afirmó que siguen subsistiendo los peligros procesales “por la considerable cantidad de hechos imputados, al menos 136, y el elevado perjuicio económico para la administración pública provincial” que provocó el delito.
La instrucción de la causa penal es llevada adelante en primera instancia por la fiscal de La Plata, Betina Lacki, con intervención del juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio.
Julio “Chocolate” Rigau había sido liberado a los 13 días de ser detenido por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el escándalo que aquello desencadenó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre del año 2023.
La fiscal Lacki comprobó en el expediente que Rigau y las numerosas tarjetas de débito incautadas en la causa, que se encontraban a nombre de empleados “ñoquis” de la Legislatura, provocó un enorme desfalco al erario público. Así lo estableció una pericia formulada por la División Lavado de Activos de la Policía Federal.
En la investigación judicial también se incorporaron los chats y mensajes de Chocolate Rigau con sus jefes, los Albini, que dan cuenta de cómo funcionaba la organización delictiva, donde cada empleado “ñoqui” debía rendir el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si es que los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.
Los chats dieron cuenta de que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, de acuerdo a los distintos testimonios colectados en la causa.
El caso arribó ahora a la instancia de la Casación tras un planteo de la defensa de Rigau, alegando “razones humanitarias” y señalando que el acusado padece una “depresión emocional severa” que le genera un aumento de presión arterial.
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