Usuarios de Barrio Norte, el Centro y Gonnet denunciaron cortes y dificultades para reclamar. Las interrupciones renuevan el cuestionamiento a la distribuidora y a la Provincia: las sanciones deben traducirse en mejoras del servicio.
Ley Joaquín: los municipios deberán controlar arcos y juegos
La normativa bonaerense exige asegurar las estructuras y acreditar su seguridad mediante una certificación profesional. La reglamentación anunciada pone el foco en la adecuación de los espacios deportivos y recreativos.
Un arco sin anclaje puede convertirse en un peligro en una cancha de barrio. Lo mismo ocurre con un aro inestable o una estructura recreativa sin mantenimiento. La Ley Joaquín busca prevenir esos riesgos mediante exigencias de sujeción, protección y revisión técnica del equipamiento utilizado en espacios públicos y privados de la provincia de Buenos Aires.
Este miércoles se informó la reglamentación de la Ley 15.618, sancionada el 16 de julio, mediante el decreto 2082/2026. La medida abre una etapa que involucra a municipios, clubes, establecimientos educativos y responsables de instalaciones deportivas y recreativas.
El desafío será llevar las obligaciones a cada predio: identificar las estructuras, revisar su estado y realizar las adecuaciones necesarias antes de que una falla provoque lesiones.
Qué instalaciones deben asegurarse
La ley exige fijaciones o contrapesos para los arcos de más de veinte kilos y sistemas que garanticen la estabilidad de los aros de básquet con pie. También contempla protecciones en columnas, paredes y otras superficies que puedan representar un riesgo durante la actividad.
Los elementos removibles requieren especial atención. Cuando dejan de utilizarse, deben guardarse o asegurarse de manera que no puedan volcar. Su carácter móvil no elimina la obligación de mantenerlos en condiciones seguras.
Estas medidas alcanzan situaciones habituales en instituciones que trasladan equipamiento entre canchas o comparten espacios para distintas disciplinas. La seguridad debe sostenerse tanto durante el uso como cuando las estructuras quedan fuera de actividad.
Certificación profesional y responsabilidad municipal
La normativa prevé que profesionales matriculados certifiquen la aptitud técnica de las instalaciones. Ese certificado deberá exhibirse en un lugar accesible.
Los municipios tendrán a su cargo la aplicación y la verificación del cumplimiento, además de la coordinación con instituciones deportivas y educativas. Eso exige organizar inspecciones y dar indicaciones claras sobre cómo tramitar la certificación y corregir las deficiencias detectadas.
Para los clubes y otros espacios comunitarios, la adecuación también plantea una cuestión económica: cuánto cuesta la revisión profesional, qué reparaciones hacen falta y con qué recursos podrán afrontarlas.
Los plazos y el control efectivo
La ley contempla un plazo máximo de un año desde la reglamentación para adecuarse, con posibilidad de prórroga. Sin el cotejo íntegro del decreto y sus anexos, todavía no corresponde establecer una fecha definitiva de vencimiento.
La reglamentación anunciada tampoco acredita que las instalaciones ya hayan sido inspeccionadas. El cumplimiento deberá comprobarse en cada lugar, con estructuras seguras y certificados vigentes.
El resultado dependerá del seguimiento. Un documento exhibido pierde utilidad si después se modifica un anclaje, se deteriora una base o se deja un arco móvil sin asegurar. La prevención requiere que instituciones y municipios sostengan el control más allá de la primera revisión.
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