Archivan denuncias contra un juez de Casación apuntado por liberar presos en pandemia

El tándem de denuncias por promover la liberación masiva de presos durante la pandemia de Covid-19 contra el juez de la Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, fue archivado sin más trámite. La resolución que incluye el cierre total de la causa fue dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

A casi cinco años de iniciado ese proceso, el dictamen deja sin efecto el pedido de juicio político impulsado por un grupo de legisladores y la asociación civil Usina de Justicia contra Violini. 

La denuncia inicial se produjo tras el habeas corpus colectivo dictado por el juez Violini el 8 de abril de 2020, en respuesta a un planteo de los 19 defensores generales bonaerenses. 

Allí Violini argumentó que la situación sanitaria generada por la pandemia obligaba a tomar medidas excepcionales para proteger a personas privadas de libertad consideradas de riesgo.

La decisión del juez Violini -ex fiscal penal de La Plata- desencadenó en aquel momento un fuerte rechazo de todo el arco opositor. Legisladores provinciales de Juntos por el Cambio –Juan Pablo Allan, José Andrés De Leo, Claudia Rucci y Sandra Paris, entre otros- impulsaron denuncias por “mal desempeño en el cargo” y reclamaron su destitución inmediata. 

Fue en ese momento que acompañó la presentación, Usina de Justicia, organización que agrupa a familiares de víctimas de delitos, acusando al magistrado de “incompetencia, negligencia y abuso de funciones”.

En aquellas presentaciones los denunciantes argumentaron que el fallo había generado “impunidad”, al liberar a condenados por delitos graves como violaciones, asesinatos y robos violentos. 

Además, los denunciantes criticaron la legalidad del habeas corpus colectivo, argumentando que el Tribunal de Casación no era competente para resolver ese tipo de recursos de forma originaria.

Los cuestionamientos se multiplicaron luego de que la Suprema Corte bonaerense revocara la decisión de Violini y dispusiera que cada caso debía ser evaluado individualmente por los jueces naturales competentes.

No obstante, y a pesar de las críticas, el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que no había méritos suficientes para sostener las acusaciones contra Violini, y ordenó archivar las actuaciones. Esa resolución tiene la firma del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el juez de la Casación, Manuel Bouchoux.

La denuncia puntualizó que Violini, de manera unipersonal, declaró parcialmente procedentes las acciones y extendió el alcance a cualquier persona privada de libertad que el Poder Ejecutivo incluyera en listados de riesgo COVID. 

Esa decisión "vulneró la garantía del juez natural, asumió competencias no propias del Tribunal de Casación, desnaturalizó sus funciones revisoras y, en un exceso de poder, dictó disposiciones de carácter general ajenas a la magistratura”, aseveró la denuncia.

Según los denunciantes “el juez seleccionó indebidamente los casos en los que intervenía, incurriendo en un ejercicio inaceptable de fórum shopping que atenta contra la imparcialidad judicial”.

Finalmente, el Jurado de Enjuiciamiento indicó que las denuncias eran “cuestiones estrictamente jurisdiccionales” y que la vía del enjuiciamiento no podía utilizarse para revisar pronunciamientos ya resueltos por instancias superiores.

El dictamen sostuvo que la Suprema Corte bonaerense revocó parcialmente la decisión de Violini, ordenó la evaluación individual de los casos y garantizó la intervención de las víctimas, lo que demostró que el sistema recursivo funcionó.

Advirtió además que la independencia judicial protege a los jueces de ser destituidos por el contenido de sus fallos, salvo supuestos excepcionales como desvío de poder o errores inexcusables de gravedad extrema, que en este caso “no se configuraron”.