El próximo 19 de junio se cumplirá un año del escándalo gremial que se desató en la seccional bonaerense de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a raíz de graves irregularidades denunciadas en las elecciones de delegados realizadas en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).
REGIÓN 29/05/2025
Escribe: Quirón
El cuerpo de delegados levantó desde entonces la voz contra la actual conducción del gremio, encabezada por Fabiola Mosquera, acusándola de "atentar contra la libertad sindical" y de "atosigar violentamente" a los representantes gremiales con el fin de que abandonen sus cargos.
Irregularidades Generalizadas en los Comicios
Las denuncias sobre las elecciones revelan un patrón de irregularidades. Los delegados denunciaron que tanto el acto como el proceso eleccionario se hizo "a destiempo, y con muchas irregularidades".
Entre las anomalías, se mencionó que las urnas llegaron "tardísimo" y fueron retiradas "muy temprano", lo que provocó que "muchos compañeros se quedaron sin votar", especialmente considerando que Educación es el ministerio más grande de la provincia.
Además, se denunció que "varias urnas salieron con faltante de boletas" y que "algunas boletas quedaron intencionalmente en la secretaría gremial".
Asimismo, los delegados que se presentaron a renovar sus mandatos fueron obligados por Mosquera a firmar renuncias “en blanco” y sin fechar, como requisito para poder presentar sus candidaturas, en lo que fue definido por distintos expertos como un accionar directo en contra de la libertad y la democracia sindical.
Otro punto de crítica fue la composición de las autoridades de mesa, "no eran del lugar, sino de otros ministerios, con total desconocimiento de todo" y que las boletas estaban mal confeccionadas, relataron entonces los trabajadores afectados, lo que dificultó la realización de los comicios.
Se señaló también que la Junta Electoral no publicó la resolución 169/24 del 4 de junio de
2024, que establecía las condiciones de los comicios, y que la misma apareció tres días después de la fecha de firma, sin ser informada por los medios oficiales del gremio. Los delegados interpretaron estas acciones como un intento de "perjudicar al votante".
Ante la gravedad de los hechos, la comisión interna de la DGCyE presentó sendas notas de quejas a la Secretaría de Trabajo de la Nación, al Ministerio de Trabajo bonaerense y a
UPCN Nacional. También se sumó una acción de amparo ante la justicia para que se dictara una medida de "no innovar" y se restituyera a los dirigentes desplazados en sus cargos gremiales.
La situación se tornó más tensa con el desplazamiento de Jesús Nieves y Ana María Villanueva, quienes se desempeñaban como secretario de Organización y secretaria Gremial de la DGCyE con mandato hasta 2026.
Los dirigentes denunciaron que fueron "sacados del medio" después de negarse a convencer al cuerpo de delegados de retirar las notas presentadas. Según su testimonio, la conducción del gremio les ofreció cargos a
cambio de su colaboración, una "oferta" que fue rechazada, lo que derivó en presiones y amenazas de hacer efectivas las supuestas renuncias a sus cargos.
Nieves y Villanueva denunciaron que Mosquera utilizó renuncias que ellos habían presentado en 2014 y 2018 para los cargos de subsecretario y subsecretaria de Educación, bajo la gestión de Carlos Quintana, y que nunca fueron aceptadas ni estaban relacionadas con sus cargos actuales.
Calificaron el uso de estas renuncias como un "medio extorsivo".
Nieves relató que en una reunión se le explicó que la imposición de las renuncias anticipadas "era fundamental, porque de lo contrario no había manera de ‘ejercer control’ sobre los delegados que no hicieran lo que se les mandaba" y que "esas renuncias tenían
que ser firmadas porque era la manera de ajusticiar a quien no estuviera de acuerdo con sus ideas".
A pesar de contar con una resolución del Ministerio de Trabajo que los reconoce como delegados "de hecho", el gremio aún no ha reconocido oficialmente al cuerpo de delegados de la DGCyE.
La peor cara de Mosquera, se vio en reuniones internas del sindicato, donde trató a los delegados de "vagos" y de usar los artículos gremiales "para no trabajar", lo que generó un profundo malestar entre los afiliados. En esa línea, los delegados denunciaron que los afiliados de UPCN en el ministerio están recibiendo un "maltrato y atosigamiento nunca vistos, tanto de la secretaría general como del secretario gremial".
El cuerpo de delegados
denunció que la intervención de la sede de la DGCyE, donde funciona la atención a los afiliados y un servicio médico, fue realizada por orden de Mosquera "en absoluta actitud de patoterismo" para "desalojar la delegación de la sede sin previo aviso", llegando incluso a cambiar la cerradura.
El legado de Quintana y el deterioro de la representatividad
Los trabajadores de la DGCyE y otros afiliados de UPCN en la provincia de Buenos Aires expresan un sentimiento generalizado de que el gremio "ya no es lo que era" bajo la conducción del fallecido Quintana.
Se extraña el "buen trato" que tenía el antiguo líder, su disposición a escuchar y resolver problemas de los compañeros, y el "cariño" que hacía sentir a los afiliados que el gremio era suyo.
En contraste, la actual gestión de Mosquera es señalada por ser "obsecuente con los gobiernos" en detrimento de los trabajadores y por buscar que el sindicato sea "su propia plataforma de poder". Se la acusa de "ningunear" a los cuerpos de delegados y de imponer liderazgos sin la representatividad de las bases.
Esta forma de conducción, caracterizada por "imponer sus decisiones a puertas cerradas" y actuar de manera "despótica" con "ataques directos a los delegados", ha llevado a que el gremio experimente una alarmante baja de afiliados. Bajo la gestión de Mosquera, UPCN pasó de 80 mil afiliados en el último año de Quintana a 56 mil, lo que representa una disminución de 24 mil trabajadores, que se acentuó el último año.
Sin respuestas, se consolida una alternativa interna en UPCN-BA
Así las cosas, el gremio atraviesa su peor momento en los últimos años, su convivencia con el Ejecutivo provincial que comanda Axel Kicillof, a quién recibirán la próxima semana para un acto en su camping de Los Hornos, permite que Mosquera (quien pretende ser candidata a diputada bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre) mantenga “bajo la alfombra” el escándalo de las elecciones a delegados en el ministerio que encabeza Alberto Sileoni.
Además, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, no parece con la voluntad que merece su cargo para incomodar a la organización ante las cada vez más recurrentes irregularidades que aparecen de la mano de la tropa “mosquerista” que, por otra parte, es cada vez más reducida en su frágil alianza táctica con el tesorero de UPCN-BA y triunviro de la CGT Regional Héctor Nieves, el anciano gremialista que resiste silenciosamente entregar su Secretaría para que la conduzca el marido de Mosquera.
Siendo que el conflicto a gran escala comenzó públicamente en la DGCyE el año pasado,
no es de extrañar que desde allí se concibiera una agrupación con el nombre de “Educación Viva”, que se consolida mes a mes en la representación de los militantes históricos “arrojados” por Mosquera fuera del gremio, así como en las nuevas camadas que tampoco encuentran respuestas en un sindicato que queda cada vez más viejo, incapaz e irrelevante en la discusión gremial de la provincia.
Tal vez, sea en esta nueva alternativa que los estatales terminen de encontrar una nueva y renovada representación que los contenga y retome el camino que dejó marcado Carlos Quintana.
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