Como se recordará, lo decidido por Kreplak surgió por un pedido presentado por el CECIM, que denunció la existencia de "un plan sistemático de entrega y pérdida de soberanía”.
"Esa ley es de extrema gravedad. Entendimos que este contexto político atenta contra la soberanía nacional que se da en el marco de un plan sistemático de entrega y perdida de soberanía", expresó el secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso.
Seguidamente, Alonso dijo que "vemos cómo Argentina sigue siendo un territorio en disputa”, por lo que “tenemos que resguardar nuestros recursos naturales que le pertenecen a los 45 millones de argentinos. Entendimos que eso se ponía en riesgo con el DNU”.
Al respecto, el secretario explicó que el motivo de la presentación judicial tiene que ver con que “evaluamos una transferencia a la extranjerización y que cualquier grupo económico pueda adquirir tierras no es otra cosa que la pérdida de soberanía”.
"En definitiva, con esto (el presidente, Javier) Milei intentó ponerle el cartel de 'Se Vende' a la República Argentina, porque con esa ley cualquier extranjero podría comprar las Islas Malvinas”, finalizó Alonso.
