Una profesora de Ciencias pide que los alumnos fotografíen un experimento para comparar los resultados al final de la clase. Ese uso del celular está permitido. Una vez terminada la actividad, la autorización no se extiende a abrir un chat o revisar las redes.
Esa es la distinción que introduce en la secundaria bonaerense la Ley 15.678: durante la jornada escolar, los estudiantes pueden usar dispositivos digitales con un fin pedagógico, por indicación o con autorización expresa del docente.
La regla ya se aplicaba en primaria desde la sanción de la Ley 15.534, en 2025. La modificación publicada este martes 10 de noviembre alcanza a las secundarias de gestión estatal y privada.
Para las familias de La Plata, Berisso y Ensenada, hay una diferencia entre restringir el uso del teléfono y prohibir que un chico lo lleve en la mochila. La ley establece en qué condiciones puede utilizarlo. De ahí no se desprende que todas las escuelas deban recoger los equipos a la entrada, dejarlos en preceptoría o aplicar la misma sanción ante un incumplimiento.
El teléfono que hace falta a la salida
Hay alumnos que llevan el celular porque vuelven solos en micro y avisan al llegar. A esa familia le interesa saber dónde queda el equipo durante la jornada y cómo hacer llegar un mensaje urgente si cambia la persona que va a buscar al chico. La respuesta depende, en parte, de cuestiones tan sencillas como saber a qué número llamar y quién puede atender ese teléfono mientras hay clase.
También hay decisiones que le tocan a la escuela cuando el uso está autorizado. Si la consigna es sacar fotos, consultar un mapa o registrar una entrevista, el docente puede explicar para qué se necesita el equipo y hasta cuándo. Queda otra cuestión: cómo hará la misma tarea el alumno que no tiene teléfono propio. Resolverlo al preparar la clase evita que ese chico tenga que contar delante de sus compañeros por qué no llevó uno.
La regla provincial ofrece un criterio común. Falta conocer cómo lo traducirán las escuelas de la región en indicaciones para los recreos, el guardado de los aparatos o las situaciones en las que un estudiante necesita el dispositivo para comunicarse. Hasta ahora no hay un relevamiento local que permita atribuir a los tres distritos una misma modalidad.
Cuando una foto circula en el grupo del curso
El problema cambia si un alumno llega a la escuela y descubre que, la noche anterior, alguien compartió una foto suya sin permiso. Aunque nadie saque el celular durante la clase, la imagen ya circuló. Y el chico tiene por delante varias horas con compañeros que la recibieron o la reenviaron.
La Ley 15.675 creó el programa provincial EMA para prevenir y abordar la violencia digital en ámbitos educativos. Contempla el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes o datos personales sin consentimiento. Incluye a estudiantes, familias, docentes, directivos y personal no docente. La Ley 15.676, por su parte, incorporó el bienestar socioemocional y afectivo de chicos y adolescentes a la legislación educativa bonaerense.
Para el estudiante que decide contar lo que pasó, importa quién lo escucha y cómo se maneja después esa información. Pedirle que muestre la foto delante de otros puede volver a exponerlo. También importa qué ocurre al día siguiente: si hay un adulto al que pueda volver a ver y si su familia sabe con quién hablar cuando el hostigamiento continúa. Ahí se juega buena parte de la respuesta escolar, incluso cuando todos los teléfonos están guardados.
