El destino de los aportes jubilatorios abrió un frente de incertidumbre para establecimientos privados bonaerenses. AIEPA informó que colegios que habían ingresado fondos al Instituto de Previsión Social provincial recibieron reclamos de ARCA por obligaciones correspondientes al sistema nacional. La advertencia agrega una consecuencia administrativa a una controversia que ya estaba judicializada.
La discusión tiene un origen normativo concreto. El artículo 59 de la Ley 15.557, de Presupuesto provincial para 2026, modificó el artículo 2 del Decreto-Ley 9.650/80. La nueva redacción incorporó expresamente a la afiliación obligatoria al personal que desarrolla tareas docentes curriculares, extracurriculares y no docentes en establecimientos educativos privados comprendidos por la norma.
El punto controvertido es la incorporación de trabajadores que venían realizando sus aportes al régimen nacional. Allí se encuentran el personal no docente y los docentes extraprogramáticos, que desempeñan actividades por fuera de la planta curricular obligatoria.
La posición de AIEPA cuestiona que el cambio provincial pueda liberar a las instituciones de obligaciones ante el sistema nacional. La entidad informó presentaciones judiciales y sostuvo que las escuelas necesitan una definición que evite reclamos superpuestos. Se trata de su planteo institucional, cuya resolución corresponde a los tribunales.
Por su parte, el IPS mantiene publicados procedimientos para los empleadores de educación privada, incluido un instructivo específico para cargos extraprogramáticos. Esa documentación muestra la instrumentación administrativa del régimen provincial, pero no permite establecer qué ocurre con cada intimación nacional.
La existencia de un reclamo tampoco equivale a una deuda definitivamente determinada ni demuestra que una escuela haya pagado dos veces por el mismo trabajador y período. Para establecerlo hacen falta las notificaciones, los comprobantes de ingreso y las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes.
La información disponible no identifica establecimientos de La Plata afectados ni permite cuantificar el alcance económico local. Por eso, el conflicto puede describirse en su dimensión bonaerense, sin atribuir consecuencias particulares a colegios que no fueron individualizados.
La definición importa tanto para los empleadores como para los trabajadores: involucra la liquidación de las obligaciones previsionales y el registro de sus aportes. Precisar qué exige cada organismo, por qué períodos y bajo qué fundamento es el paso necesario para conocer el alcance real del problema.
