El ajuste sobre el empleo público ya no se mide solamente en recibos de sueldo. Durante el gobierno de Javier Milei, el salario real de los estatales cayó 40,5% y la mora crediticia del sector se multiplicó por 3,4 en menos de dos años. La secuencia es sencilla: cuando el ingreso deja de alcanzar, primero aparece la tarjeta, después el préstamo y finalmente la deuda que tampoco puede pagarse.
Según un informe de ATE Ciudad, la proporción de empleados públicos con mora irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. Pero el 80,7% de quienes presentan irregularidades se encuentra en categorías de riesgo alto o directamente irrecuperable.
No se trata de un atraso ocasional antes de cobrar el aguinaldo. Es una parte del universo estatal que perdió capacidad para atender sus compromisos con el ingreso corriente. La caída salarial se convierte así en deterioro patrimonial de hogares que compensaron con deuda lo que dejaron de recibir por trabajo.
Del recibo de sueldo a la deuda para llegar a fin de mes
El destino del crédito explica el fenómeno. Los trabajadores recurrieron al financiamiento para cubrir alimentos, alquileres, servicios y medicamentos. No aparece una fiebre de consumo suntuario. Aparece gasto corriente financiado: pedir hoy para pagar aquello que el salario del mes ya no cubre.
La situación golpea a trabajadores con responsabilidades familiares. Entre los civiles, 9.818 morosos tienen entre 36 y 55 años, una franja en la que suelen acumularse hijos, vivienda, servicios y otros gastos permanentes.
También hay diferencias dentro del Estado. El Estado Mayor General del Ejército registra 30,1% de mora; el Servicio Penitenciario Federal, 28,5%; y la Policía Federal, 24,2%. El ajuste salarial alcanza así a áreas que el discurso oficial suele colocar entre las funciones esenciales del Estado.
La geografía agrega otra desigualdad. La Rioja llega al 29,38% de incumplimiento, Formosa al 28,69% y Santa Cruz al 28,55%. En la Ciudad de Buenos Aires el indicador baja al 9,56%. Un ingreso golpeado encuentra realidades económicas distintas según el territorio.
Hay además un desplazamiento peligroso. Cuando el trabajador pierde margen dentro del sistema bancario, aparecen financieras y plataformas digitales con tasas más elevadas. Banco Nación concentra 24.407 estatales morosos, aunque su tasa de mora es del 8,56%. Naranja Digital alcanza el 31,86% y Moni Online exhibe 60,53% de incobrabilidad.
Ahí aparece una de las trampas del ajuste. Reducir el gasto salarial mejora una columna fiscal, pero no elimina las necesidades de quien perdió ingreso. Parte del agujero se traslada al balance familiar y termina financiado a tasas capaces de agravarlo.
La discusión tampoco consiste en sostener que ningún salario estatal pueda ajustarse ante una corrección fiscal. Importan la magnitud y sus consecuencias. Una pérdida real del 40,5% acompañada por una mora multiplicada 3,4 veces muestra que el ajuste no terminó en el presupuesto: atravesó la puerta de las casas.
La macroeconomía puede registrar menos gasto público y celebrar el equilibrio de las cuentas. El trabajador hace otra contabilidad: sueldo, alquiler, comida, medicamentos, tarjeta y vencimientos. Cuando para equilibrar la primera cuenta se rompe la segunda, el déficit no desaparece. Cambia de domicilio: sale del Tesoro y entra, con intereses, en la mesa familiar.
