La morosidad familiar ya es un problema estructural del programa económico. En julio, 5,9 millones de personas registraban atrasos y 3,8 millones ya estaban clasificadas en Situación 5, la categoría de "irrecuperables". Cuando casi dos de cada tres morosos llegan al último escalón, también se achica el universo capaz de volver a pedir crédito.
La irregularidad de los préstamos bancarios a hogares subió del 12,8% al 12,9% en julio. La señal es incómoda: el monto moroso no aumentó; cayó el crédito total. La proporción empeoró porque el sistema se retrajo. Y eso golpea una apuesta del Gobierno: que, con menor inflación, el financiamiento privado ayude a reanimar consumo e inversión.
Las refinanciaciones ya equivalen al 3,7% del crédito a hogares, un máximo en décadas. Sirven para ordenar deudas, pero no generan crédito nuevo. Además, salir del pozo lleva tiempo. Un deudor en Situación 4 necesita al menos cinco meses para dejar de figurar como moroso si cumple el plan. Uno ubicado en Situación 5 requiere por lo menos ocho.
Cuando bajar la inflación no alcanza para recuperar el crédito
Ahí aparece la contradicción. La estabilización de precios no borra las deudas ni recompone automáticamente el ingreso disponible. Una familia puede ver precios subiendo mucho menos que hace dos años y, al mismo tiempo, llegar al día 20 sin plata. Si además arrastra tarjeta, préstamo personal o deuda fintech, la estabilidad macroeconómica puede convivir con una economía doméstica exhausta.
El sistema financiero ya absorbió parte del golpe. A junio había dado de baja unos $3,3 billones en préstamos en pesos considerados irrecuperables. El 3,26% del total de créditos del sistema, incluidos los nominados en dólares, terminó fuera de los activos. En algunas financieras y fintech el deterioro es mayor: prestan montos pequeños a clientes de más riesgo y cobran tasas más altas.
Las tasas muestran el círculo vicioso. En agosto, la Tasa Efectiva Anual de los préstamos personales bancarios llegó al 89,2%. En entidades no financieras alcanzó el 244%, frente a una inflación interanual del 33,8%. Cuanto mayor es el riesgo de que el cliente no pague, más caro se presta; cuanto más caro se presta, más difícil resulta pagar.
Los bancos tienen entonces dos caminos: cobrar tasas suficientemente altas para compensar incumplimientos o seleccionar mucho más a quién prestan. Todo indica que avanzarán hacia un crédito más prudente y restringido. Eso significa menos financiamiento para quienes tienen ingresos inestables, antecedentes negativos o demasiadas obligaciones acumuladas.
El problema político está ahí. El Gobierno necesita crédito para que la recuperación llegue al consumo sin abandonar su disciplina fiscal. Pero el orden macroeconómico encuentra hogares con balances privados dañados. Refinanciar puede limpiar lentamente las carpetas; no reconstruye de inmediato ingresos ni convierte a un deudor quebrado en sujeto de crédito.
La Argentina puede bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas. Lo que no puede hacer es refinanciar indefinidamente la realidad. Cuando 3,8 millones de personas ya son consideradas irrecuperables, el sistema deja de discutir solamente cuánto prestar y empieza a decidir a quién deja afuera. Y una economía que necesita del crédito para crecer tiene un problema serio cuando millones llegan a la recuperación con la puerta del banco cerrada.
