La causa por la muerte de Rocío Alvarito sumó un nuevo capítulo judicial. La querella pidió que la Justicia rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del único imputado al considerar que aún subsisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En un escrito de siete páginas, los abogados que representan a la familia de la joven solicitaron que se mantenga la prisión preventiva sin modificaciones. Afirmaron que no existe ningún elemento nuevo que justifique una medida menos gravosa y que continúan vigentes las circunstancias que motivaron el encarcelamiento.
Entre los principales argumentos, remarcaron la elevada pena en expectativa que enfrenta el acusado, procesado por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada en concurso real. Según sostuvieron, el avance de la causa incrementa el incentivo para intentar sustraerse del proceso.
La presentación también pone el foco en la situación económica del imputado. La querella señaló que continúa siendo titular de una empresa dedicada a la restauración, venta y colocación de pisos, actividad que seguiría funcionando pese a su detención. A su criterio, esa disponibilidad de recursos podría facilitar una eventual fuga.
Los representantes de la familia además cuestionaron la conducta que, según entienden, mantuvo el acusado durante la investigación. Sostuvieron que brindó diferentes versiones sobre lo ocurrido a personas que luego declararon como testigos, modificó su relato a medida que avanzó el expediente y entregó claves erróneas de su teléfono celular, lo que impidió acceder a información digital considerada relevante para esclarecer el hecho.
Como parte de la oposición al beneficio, también citaron la declaración de un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata, quien afirmó que, mientras Rocío Alvarito aún agonizaba, el imputado buscaba las llaves del lugar con la intención de retirarse para "irse a trabajar". Para la querella, ese episodio refleja una conducta que debe ser valorada al analizar los riesgos procesales.
Otro de los puntos destacados es la pericia psicológica oficial incorporada recientemente al expediente. De acuerdo con el escrito, el informe describe rasgos de personalidad compatibles con comportamientos observados durante la investigación, entre ellos una tendencia a controlar la información que brinda, evitar situaciones adversas y eludir responsabilidades.
En ese contexto, la querella sostuvo que medidas como el monitoreo electrónico o la imposición de reglas de conducta no alcanzan para neutralizar los riesgos, ya que no impedirían eventuales contactos con testigos ni la intervención de terceros sobre la investigación. También recordó que el imputado posee formación policial, un antecedente que, evaluado junto al resto de las circunstancias, podría facilitar una eventual evasión.
Con esos argumentos, los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria solicitaron que el juez rechace el pedido de prisión domiciliaria y mantenga la prisión preventiva mientras continúa la investigación por la muerte de Rocío Alvarito.
