Por separado, los informes técnicos cuestionan aspectos del Código de Ordenamiento Urbano Territorial

Una de las mayores críticas se centra en que los contenidos del proyecto “son el resultado de decisiones exclusivas y unívocas de los equipos técnicos municipales, sin opinión de los actores de la actividad”.

Tras el envío al Concejo Deliberante de La Plata de la segunda parte del Plan de Ordenamiento Territorial, que incluye el proyecto de Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) por parte del intendente Julio Alak, los integrantes del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), creado en 2024, marcaron su postura al respecto.

En primer lugar, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que la participación de los organismos consultivos fue “extemporánea”, dado que el proyecto llegó al Concejo en simultáneo a su presentación en el COUT, y pidió generar instancias reales de interacción. 

Con respecto al proyecto, la facultad advirtió, entre otros puntos, la ausencia de lineamientos de infraestructura azul-verde, energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad. 

Para la unidad académica, el Código de Ordenamiento Urbano Territorial debería ser la expresión de un Plan Estratégico integral orientado al desarrollo sustentable con criterios de ciudad de escala humana. En ese marco, pidió repensar el rol de la Avenida de Circunvalación como un espacio de articulación entre el casco y el resto del partido. 

Por su parte, desde la Facultad de Ingeniería de la UNLP se puso énfasis en la necesidad de invertir en servicios municipales antes de aprobar futuros emprendimientos inmobiliarios. 

En tanto, el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP afirmó, en un documento, que “es destacable la complejidad de la perspectiva desde la que se aborda la cuestión  territorial y urbana, así como también, el conjunto de las estrategias a promover y el horizonte de acción que se vislumbra en el modelo de ciudad propuesto”. Y advirtió “un avance significativo en la incorporación de dimensiones ambientales y de peligrosidad en el Plan de Ordenamiento Territorial, aspectos que anteriormente estaban ausentes o escasamente desarrollados en el marco del ordenamiento territorial del Partido de La Plata”.

A su vez, dicho Departamento hizo algunas observaciones: “Respecto al perfil productivo que se pretende para el futuro de las localidades, no queda clara su definición, ni estrategias de mejora de las condiciones estructurales de reproducción de la población rural, sujeta a un régimen de tenencia que impide a los y las productores/as de la agricultura familiar capitalizarse y aumentar su productividad”. 

Sobre la propuesta del Ejecutivo también se expidió el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires -Distrito V-, que aportó modificaciones vinculadas a la necesidad de ajustar la relación entre FOT, densidad y alturas, revisar indicadores distorsivos como el CUF, establecer premios urbanísticos asociados a la provisión de servicios, adecuar criterios de alturas máximas, cocheras y ascensores, y promover lineamientos que favorezcan un desarrollo urbano más equilibrado y coherente con la infraestructura existente.

“Al mismo tiempo, ratificamos la necesidad imperiosa de consolidar un marco normativo claro, previsible y coherente que permita encauzar el desarrollo urbano de manera ordenada y en beneficio de toda la comunidad”, señaló la entidad, que también cuestionó el Decreto 2732/2025, a través de la cual la Municipalidad dispuso la suspensión por 30 días de aquellas tramitaciones ante las áreas técnicas de aprobación de proyectos que pudieran resultar incompatibles con los lineamientos  del proyecto de Código de Ordenamiento en elaboración, lo que afecta, según el Colegio de Ingenieros, los procedimientos de obra privada y desarrollo urbano alcanzados por esa condición. 

Finalmente, el Colegio de Arquitectura objetó el proceso de gestión de la segunda parte del Plan de Ordenamiento Territorial, “donde a diferencia de una valorable primera instancia -focalizada en definiciones para la periferia y el tratamiento de las urbanizaciones irregulares-, que fuera desarrollada en el marco de un extenso proceso diagnostico seguido del debate participativo, los contenidos de este proyecto son el resultado de la decisión exclusiva y univoca de los equipos técnicos municipales, sin opinión de los actores de la actividad”.

Seguidamente, se hizo hincapié en que “las consideraciones expresadas no constituyen en modo alguno un dictamen, habida cuenta que el escaso material técnico y tiempo de análisis disponibles, impiden el abordaje en la profundidad que una iniciativa de esta magnitud y trascendencia impone”.

“A la vista que el proyecto ya está en tratamiento en el Concejo Deliberante, con tratamiento para su aprobación previsto entes de fin de mes, el pedido de opinión se convierte en una anécdota casi simbólica”, cuestionó el Colegio de Arquitectos.

“Complementariamente, con el auxilio de juristas especializados, se desarrolló una propuesta para que, más allá del derrotero final del proyecto de nuevo Código de Ordenamiento Urbano, se incorpore una Disposición Transitoria que regule la continuidad, validez y finalización de los trámites administrativos iniciados bajo la Ordenanza 10.703/10, evitando los numerosos conflictos y desequilibrios suscitados ante cada cambio normativo que la historia reciente evidenció”, concluyó la entidad profesional.

Más entidades 

También se expidieron sobre el proyecto la Universidad Católica de La Plata, que brindó su apoyo a la iniciativa, y el Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional, que días atrás, en una presentación realizada en la sede de FEMAPE, había planteado la necesidad de un mayor debate entre las partes afectadas por el nuevo COUT y el Municipio para que saliera “con el mayor consenso posible”. 

El Consejo señaló que el Plan de Ordenamiento Territorial constituía “un avance conceptual en materia de planificación urbana”, aunque advirtió que presentaba “debilidades significativas”, como “incoherencias normativas, indefiniciones técnicas, ausencia de mecanismos de implementación y solapamientos con competencias provinciales”. 

Además, señaló que “se observan riesgos normativos vinculados a la falta de prelación respecto de las normas municipales y provinciales existentes, la falta de un régimen transitorio  para el tratamiento de los trámites iniciados en el marco de las normas anteriormente vigentes, inconsistencias en lo atinente a los usos del suelo y los parámetros urbanísticos, falta de integración  entre movilidad  y ordenamiento territorial”.

A su vez, cuestionó que “en términos económicos, con la reducción de metros construibles, se incrementa la incidencia del valor del lote y de los costos fijos por edificio,  lo que en definitiva atenta contra la necesidad de aumentar el nivel de la actividad económica”.

Por otra parte, respecto de la cartografía, señaló que “se observan inconsistencias entre la representación gráfica, el texto normativo y la realidad territorial consolidada”.

“El Plan de Ordenamiento introduce delimitaciones y categorías que no reconocen la expansión real producida dentro del casco, como en las áreas urbanas, complementarias y rurales, donde existen urbanizaciones consolidadas, loteos regulares e irregulares y desarrollos que deben ser tenidos en cuenta”.

Tras los informes de los integrantes del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial, la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante se aprestaba a darle despacho favorable al proyecto, para que de esa forma pueda ser tratado en el recinto la semana que viene. 

En ese marco, las negociaciones entre oficialismo y oposición fueron arduas e incluyeron la participación del secretario de Planeamiento comunal, Sergio Resa.  

“Se atrasó, vamos a pasar el documento final para que puedan ver los concejales y a las 21 nos juntamos para despachar. Estamos cerrando para lograr la unanimidad, los votos están pero estamos cerrando todos los bloques”, le manifestó una fuente del bloque oficialista a Capital 24. 

Los principales reclamos de la oposición tenían que ver con el tope a las alturas establecido en el proyecto, que en algunos lugares del casco establecía un tope menor al que ya había. 

Por su parte, La Libertad Avanza había pedido eliminar del proyecto la cláusula que exige una mayoría agravada para la modificación posterior del Código.