El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I, que abarca a La Plata y localidades de la región, cuestionó el tratamiento que se está haciendo de la segunda parte del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual envió la semana pasada el intendente Julio Alak al Concejo Deliberante e incorpora definiciones para el casco urbano, además de completar lo aprobado en abril de este año para la periferia y las urbanizaciones irregulares.
“A diferencia de esa valorable primera etapa que fuera desarrollada en el marco de un extenso proceso de diagnóstico seguido del debate participativo, las definiciones contenidas en este proyecto son el resultado de la decisión exclusiva y unívoca de los equipos técnicos municipales, sin opinión ni intervención alguna de las instituciones integrantes del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT)”, denunció la entidad.
Seguidamente, el Colegio advirtió que “más allá de la indudable legitimidad que ampara las acciones de la administración municipal, que está facultada para ofrecer a la ciudadanía el proyecto de ciudad que considere pertinente, nos permitimos dudar de la conveniencia de que cada gestión no resista la tentación de materializar sus ‘intentos refundacionales’ y desarrolle ‘su’ Código de Ordenamiento Urbano”.
Cada gestión, con “sus” modificaciones
Además, la entidad profesional bonaerense cuestionó las “sucesivas modificaciones del ordenamiento territorial con cada gestión política, con su correlato en los códigos que lo regulan: Ordenanza 9231/00 (gestión Alak), Ordenanza 10703 (gestión Pablo Bruera), Ordenanza 12.043, 12044, 12.045 y 12.046 (gestión Julio Garro) y ahora el proyecto referenciado (gestión Alak)”.
“El resultado es una inarmónica yuxtaposición de edificaciones, afectando consecuentemente la condición de la ciudad, alterando los equilibrios económicos y naturalmente el trabajo de nuestros profesionales”, denunció la entidad.
“Por eso insistimos en la necesidad de generar para la región un Instituto de Planificación, constituido por representaciones técnicas del conjunto de actores de la actividad, que establezca criterios y políticas públicas con permanencia en el tiempo, y asista a las administraciones de turno monitoreando el desarrollo y las eventuales correcciones que se demanden”, propuso el Colegio de Arquitectos, que fue convocado esta semana a una reunión del COUT.
“De todos modos, a la luz de lo acontecido en procesos similares de la historia reciente, preocupa sobremanera lo que a las actuaciones profesionales condiciona: plazos de puesta en vigencia, condición de las tramitaciones iniciadas, validez de las actuaciones previas, criterios en relación a las fechas y demás”, concluyó la entidad.
