La medida fue dispuesta por el fiscal Condomí Alcorta. Una mujer acusó a un referente sindical por haberla ultrajado en una oficina de la Cámara Alta de la Legislatura. Ordenan pericias psicológicas.
REGIÓN 07/01/2025
El fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, notificó de la formación del expediente judicial e imputó a un dirigente gremial en una causa que investiga el abuso sexual denunciado por una trabajadora del Senado bonaerense. La mujer señaló en su denuncia que fue ultrajada en una de las oficinas de la Legislatura.
Además de disponer la imputación, el fiscal ordenó pericias psicológicas para el referente de uno de los gremios de mayor peso en el área estatal como así también para la denunciante.
En rigor, la fiscalía dispuso las pericias en salud mental para la mujer que denunció los abusos sexuales. La medida causó cierta preocupación en ámbitos tribunalicios porque se estaría investigando a la víctima, en lugar del acusado.
Precisamente, en la presentación judicial se hicieron referencias a cuestiones vinculadas al poder y contactos que tendría el imputado como para ejercer presión tanto en el gremio como a nivel político y, sobre todo, judicial.
Según se informó, la denuncia fue radicada por una empleada de la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense, de 53 años de edad. Precisó que el acusado irrumpió en su sector de trabajo en el Senado “desnudo”. También señaló que el agresor comenzó a insultarla a la vez que realizaba comentarios subidos de tono y violentos hacia su persona.
En un determinado momento, puntualizó la denunciante, el acusado identificado por sus iniciales como M.F. le “refregó los genitales en la cara”.
Siempre de acuerdo a las fuentes consultadas, en medio de la desconcertante situación, la mujer apenas pudo defenderse. Y para ello, tomó lo que tenía a su alcance, una máquina de agujerear hojas. En su denuncia judicial, la mujer recordó que mientras corría en rededor de su oficina, acosada y seguida de cerca por el atacante, ella trataba de tenerlo a distancia sacudiendo a un lado y otro la mencionada agujereadora, un implemento de cierto peso destinado a perforar hojalillos en las hojas, previo a ser foliadas y archivadas en biblioratos.
Además, el fiscal Condomí Alcorta formuló una lista de potenciales testigos ya que la denunciante afirmó que el agresor posee antecedentes similares de “conducta inapropiada” en el ámbito laboral, y en particular en las oficinas del Senado provincial.
La mujer dio a conocer, en ese sentido, que en los otros casos que se habrían producido, el sindicato les restó importancia, relativizando las agresiones a meras cuestiones administrativas. La denunciante asegura que el acusado cuenta con la protección del gremio. “Se creen que son intocables”, consigna al respecto la denuncia judicial.
En tribunales se explicó además que los casos de abuso sexual tienen una fecha más prolongada de prescripción, considerando que una víctima por ese tipo de hechos aberrantes puede demorar mucho tiempo en poner en palabras los vejámenes sufridos.
Precisamente, en este caso puntual, el hecho denunciado ocurrió hace varios años y en el último tiempo la causa retomó su impulso. El fiscal Condomí Alcorta citó a la víctima a los fines de practicarle peritajes psicológicos en marzo próximo en la sede de la Asesoría Pericial de nuestra ciudad.
Para el fiscal, los peritos deberán establecer el estado de salud mental y emocional de la denunciante, así como evaluar posibles daños sufridos, como eventuales trances postraumáticos.
La mujer que radicó la presentación judicial alertó que en el ámbito de la justicia y el poder político también se habrían cometido irregularidades. En ese sentido, dio a conocer su “frustración” ante la falta de respuestas por parte de instituciones como la Oficina de Género.
Esa Oficina, “nunca hizo nada más que buscar soluciones positivas para los denunciados”, manifestó la mujer. Para ella, también tiene responsabilidad el senador a cargo del bloque en el que se habría producido el abuso sexual, al no haber actuado debidamente luego de tomar conocimiento del hecho.
La denunciante también resaltó que otras personas padecieron situaciones similares de abuso, pero no denunciaron al acusado por temor a represalias laborales, ya que el gremio del cual es referente, aglutina a gran parte de los empleados.
Para la mujer, además del avance de la investigación judicial es prioritario generar a la brevedad un entorno seguro para las potenciales víctimas, de manera que puedan animarse a contar los ataques sufridos.
La medición anterior había indicado que esa cifra era de 8,1%. El triste récord: los niveles de desempleo en la región siguen estando por encima del promedio del país. Los datos corresponden al primer trimestre de 2025, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El intendente de Ensenada, Mario Secco, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, firmaron este último jueves el convenio del “Plan Completar”, mediante el cual comenzarán las obras para finalizar una parte de las viviendas que quedaron sin terminar con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación y el anuncio de su gobierno relacionado al fin de la obra pública.
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Es por el escándalo que protagonizó con su participación en el documental que se registró durante el debate oral por la muerte de Diego Maradona.
La denunciante falleció. Tenía entre 11 y 14 años cuando ocurrieron los abusos sexuales en el Colegio Católico San Vicente de Paul. El juicio es por jurados. En la audiencia previa el acusado no asistió. Movilización en tribunales.
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María del Carmen Garro acusó a su expareja, un agente de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados por violencia física, psicológica y amenazas. La justicia platense dispuso que siga detenido.
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