PAMI: médicos advierten que la crisis de atención recarga los hospitales públicos

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que las deudas y el atraso de los aranceles de PAMI comprometen la continuidad de las prestaciones. La entidad reclamó una respuesta de las autoridades nacionales y señaló que el deterioro de la red de atención puede trasladar una mayor demanda a los hospitales públicos.

La advertencia involucra tanto las condiciones en las que trabajan los profesionales como las posibilidades de atención de los afiliados. Según el planteo institucional, las dificultades económicas de consultorios y establecimientos ponen en riesgo la disponibilidad de servicios para los jubilados.

El Colegio pidió convocar una mesa de diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales, PAMI y las entidades prestadoras. También reclamó cancelar las deudas acumuladas, adecuar los aranceles a los costos operativos y garantizar la continuidad y la calidad de la atención.

El problema que describe tiene dos componentes: los importes pendientes de pago y los valores que reciben profesionales e instituciones por las prestaciones. La entidad sostiene que ambos requieren medidas para evitar que las dificultades de financiamiento terminen afectando los servicios.

Los jubilados y las alternativas de atención

Para un afiliado, la continuidad de la cobertura se expresa en cuestiones concretas: conseguir una consulta, realizar un estudio y sostener el seguimiento de un tratamiento. Si alguna de esas prestaciones deja de estar disponible, necesita una alternativa que permita continuar la atención.

Allí aparece el riesgo señalado por el Colegio: que los pacientes recurran a hospitales provinciales o municipales ante dificultades en la red de PAMI. Esa posibilidad amplía el alcance del conflicto más allá de la relación económica entre el organismo y sus prestadores.

La advertencia resulta relevante para La Plata y el resto del AMBA, aunque no se cuenta con datos locales que permitan cuantificar cuánta demanda llegó a los hospitales por este motivo.

Medir ese impacto requiere conocer qué prestaciones se interrumpieron, qué respuestas recibieron los afiliados y dónde consiguieron finalmente atenderse. La preocupación institucional, por ahora, no permite atribuir un desborde a un establecimiento determinado.

El reclamo apunta a preservar la atención antes de que las dificultades se profundicen. Para los jubilados, resolver la discusión por pagos y aranceles importa por su consecuencia más inmediata: poder atenderse donde tienen cobertura, sin tener que empezar otra búsqueda para una consulta, un estudio o un tratamiento.