La investigación comenzó el 4 de junio y durante las últimas horas llegó a tres comercios de La Plata. Los procedimientos se realizaron en establecimientos ubicados en 7 entre 63 y 64, 75 entre 6 y 7 y 7 y 95, donde los investigadores buscaron principalmente equipos informáticos y documentación capaces de reconstruir cómo quedaban registradas las ventas.
El volumen del material secuestrado muestra dónde está puesto el interés de la causa. Entre los tres locales fueron retiradas 14 computadoras de escritorio, dos notebooks, 19 terminales de pago, 18 impresoras de tickets, cinco celulares, dispositivos de almacenamiento, routers, módems, grabadores de video y comprobantes comerciales. Ahora todo ese material deberá ser peritado.
La causa, caratulada como defraudación, está bajo intervención de la UFI N°11 y del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata. La hipótesis judicial apunta además a una mujer y un hombre que habrían proporcionado a distintos comercios un sistema informático junto con asistencia técnica.
Según lo investigado hasta el momento, esa herramienta podría permitir alterar, ocultar o eliminar comprobantes y modificar información vinculada con importes y precios. Si la hipótesis se confirma, el sistema habría posibilitado que la registración almacenada no reflejara íntegramente las operaciones efectivamente realizadas.
Todavía falta demostrar cómo funcionaba en cada establecimiento.
La pericia tendrá que determinar qué información conservaban las computadoras, si existían registros paralelos, qué operaciones fueron eventualmente modificadas y si los tickets secuestrados coinciden con los datos almacenados dentro de los equipos.
La investigación ahora apunta a quién proveía el sistema
Los supermercados allanados son, por ahora, los lugares donde la Justicia encontró equipos que podrían aportar evidencia. Pero la investigación ya tiene otra dirección: establecer quién habría suministrado la herramienta y qué alcance tenía ese servicio.
Ahí puede cambiar la dimensión del expediente.
Si el programa fue preparado únicamente para esos tres negocios, la investigación tendrá un alcance determinado. Si los proveedores ofrecían instalación, actualizaciones o asistencia técnica a otros clientes, la pesquisa podría extenderse a más comercios.
Los teléfonos y las computadoras pueden ser centrales para resolver esa cuestión. Allí podrían quedar registros de instaladores, licencias, comunicaciones con soporte, accesos remotos, actualizaciones o cualquier otro elemento que permita reconstruir quién manejaba el sistema y cómo llegaba hasta cada usuario.
También falta conocer la dimensión económica del caso. Hasta el momento no existe una estimación pública sobre cuánto dinero habría quedado fuera de los registros ni sobre un eventual perjuicio fiscal. Sin esa información todavía no puede determinarse qué volumen económico tendría la maniobra investigada.
Hay además una cuestión procesal que deberá aclarar la Fiscalía. Las primeras coberturas difundieron información contradictoria sobre la situación de las personas investigadas: algunas hablaron de detenciones y otras indicaron que los responsables de los comercios habían sido notificados de la formación de la causa, sin arrestos consignados en el parte policial.
Hasta contar con la confirmación judicial correspondiente, ese punto permanece abierto.
Tampoco puede darse por acreditada una evasión a partir de los allanamientos. Los procedimientos fueron ordenados precisamente para reunir evidencia que permita saber si existió una manipulación de los registros, cómo se realizó y qué responsabilidad corresponde eventualmente a cada persona.
Por eso la pericia informática aparece ahora como el próximo paso decisivo. Deberá establecer si hubo operaciones eliminadas, valores alterados o algún mecanismo capaz de mantener una registración diferente de las ventas efectivamente realizadas.
Después quedará una pregunta todavía más importante: si la herramienta terminaba en esos tres locales o si había sido instalada en otros negocios de La Plata.
Si los peritos confirman que el sistema podía instalarse, actualizarse y recibir soporte técnico, la investigación ya no tendrá que determinar solamente dónde fue utilizado. También deberá establecer quién lo distribuía y si hubo otros comercios que recibieron la misma herramienta.
