Francisco Alberto Vila Basualdo.
Francisco Alberto Vila Basualdo y Eugenia Martínez, dos de los nombres centrales de Grupo DelSud, se presentaron este viernes en la DDI La Plata junto al abogado Marcelo Peña y quedaron detenidos por orden de la jueza Marcela Garmendia. La Justicia les atribuye diez presuntas estafas inmobiliarias a cada uno. Milena del Sol Dell'Aqua ya estaba detenida como partícipe necesaria de seis hechos y Nadia Antonella Lima, imputada como coautora de ocho, continuaba siendo buscada.
El expediente que derivó en las detenciones tramita ante la UFI N°16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 de Garmendia. La documentación judicial identifica diez hechos vinculados con los emprendimientos Sophenia y Garden. A Martínez, además, se le atribuye un undécimo episodio por presunto uso de documento público falso, relacionado con documentación que contendría firmas supuestamente apócrifas presentada en un expediente administrativo.
La hipótesis investigada es sencilla de explicar y grave por sus posibles consecuencias: compradores que habrían entregado dinero por terrenos o porciones de inmuebles que, según la acusación, no reunían las condiciones urbanísticas para ser subdivididos, urbanizados o escriturados como habían sido ofrecidos.
Los allanamientos que pusieron los papeles sobre la mesa
La investigación salió de los escritorios en marzo. Condomí Alcorta ordenó procedimientos sobre desarrolladoras, inmobiliarias y estudios notariales. Entre los objetivos estuvieron las oficinas de Grupo DelSud de calle 37 entre 117 y 118 y un departamento de calle 10 vinculado a Vila Basualdo. También se requirió a Four Capital S.A. documentación sobre compraventas de loteos comercializados por Grupo DelSud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL y por Vila Basualdo y Martínez.
Los operativos buscaron celulares, computadoras, tablets, planos, escrituras, material publicitario y documentación notarial.
Hay una precisión clave. El universo de los loteos ilegales de La Plata contiene expedientes diferentes. La causa documentada desde marzo bajo la IPP 06-00-002726-26/00 fue impulsada por Condomí Alcorta y es la que distintos reportes judiciales vinculan con Sophenia, Garden y las actuales detenciones. Otras actuaciones tramitan por carriles distintos. Aquí el foco son las imputaciones que terminaron en cuatro órdenes de arresto.
La detención, sin embargo, no equivale a una condena: la acusación deberá probarse y las defensas podrán cuestionar los hechos y la evidencia.
QUIEN ES VILA BASUALDO
Originario de Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires, el polémico empresario Vila Basualdo pasó de trabajar en una farmacia en su pueblo natal a conformar un holding empresarial en La Plata en menos de cuatro años.
Fundó el Grupo Delsud en 2018. Se expandió hacia el sector financiero, Fintech, constructoras (como Elemental Constructora) y medios de comunicación: adquirió portales como El Editor Platense y fundó El Editor Mendoza, este último cerrado tras un polémico despido masivo de trabajadores.
Distintas fuentes detallaron que, a pesar de actuar como director ejecutivo y dueño de las firmas, en los papeles solía figurar bajo la categoría de empleado, presuntamente para evadir el impuesto a las Ganancias.
Vila Basualdo ha sido expuesto mediáticamente por supuestas contrataciones y manejos de influencias en el Senado de la Nación. Las denuncias apuntan al uso de estructuras y contratos para el financiamiento de operaciones privadas o el sostenimiento de portales web satélites destinados a la persecución mediática.
Eugenia Martínez, por su parte, es socia directa y accionista de Vila Basualdo. Figura formalmente junto a él en las actas constitutivas de empresas clave de la estructura, como Four Capital S.A. (préstamos personales y financiación de consumo) y aparece mencionada de manera directa en los expedientes de boletos de compraventa investigados por la fiscalía platense.
De los loteos a un holding con medios y negocios en Mendoza
Vila Basualdo y Martínez no aparecen ligados a una inmobiliaria aislada. Grupo DelSud se define actualmente como un holding empresarial y asegura tener más de diez unidades de negocio, más de 100 empleados y más de 1.200 clientes. Su despliegue alcanzó desarrollos inmobiliarios, construcción, garantías de alquiler, seguros, inversiones, servicios financieros y comunicación, con sedes informadas por la propia compañía en CABA, La Plata y Mendoza.
La expansión cuyana fue presentada en marzo de 2024 como otro salto del grupo. DelSud anunció una sede en Mendoza y el desembarco de Desarrollos DelSud y Black Wallet. Entonces hablaba de más de doce unidades de negocio y Vila Basualdo aparecía como cofundador y CEO. La apuesta combinaba terrenos, financiación y una billetera digital.
Ese mapa también llegó al negocio de la información. La propia página de DelSud incluye a El Editor entre sus empresas y muestra los logos de El Editor Platense y El Editor Mendoza. El vínculo no surge de una acusación externa: está expuesto por el holding. Y existe un dato registral más contundente: el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial otorgó en 2023 el registro de la marca “El Editor Platense” a Grupo DelSud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL.
En Mendoza, el recorrido terminó atravesado por un conflicto laboral. En mayo, el Sindicato de Prensa provincial denunció públicamente a Vila Basualdo y al grupo tras el cierre de la redacción de El Editor Mendoza y afirmó que 13 familias quedaron sin trabajo. Ese episodio no integra la causa penal por los loteos ni prueba los delitos investigados en La Plata. Sí forma parte de la historia reciente de un conglomerado que había llevado su expansión inmobiliaria, financiera y mediática a otra provincia.
La foto actual es muy distinta de aquella expansión. Vila Basualdo y Martínez están detenidos y deberán responder por diez hechos de presunta estafa. Martínez enfrenta además la imputación por presunto uso de documento público falso. Dell'Aqua permanece detenida por seis episodios y Lima continuaba siendo buscada por ocho. Todos conservan la presunción de inocencia y las responsabilidades definitivas sólo podrán establecerse en el proceso judicial.
Pero la garantía constitucional no borra lo que ya ocurrió: hubo denuncias, allanamientos, documentación secuestrada, dispositivos incautados, imputaciones y órdenes de detención. Lo que durante años se mostró como una estructura empresarial en crecimiento, con negocios inmobiliarios, financieros y mediáticos que cruzaron los límites de La Plata, está ahora bajo el escrutinio de una causa penal.
La historia tampoco termina en la puerta de la DDI. Los nombres de las sociedades, los proyectos comercializados, los documentos utilizados, las relaciones empresariales y el destino del dinero son información de interés público cuando una investigación intenta establecer si hubo compradores engañados. La presunción de inocencia debe respetarse hasta el final. La transparencia también. La Justicia tendrá que determinar responsabilidades. Los documentos dirán hasta dónde llegó la trama. La causa busca establecer qué papel tuvo cada imputado en ese circuito y hasta dónde llegaban las operaciones investigadas una pregunta que adquiere otra dimensión después de las detenciones ordenadas por la Justicia platense.
