El denominado “Caso Chocolate”, una de las investigaciones por presunta corrupción más resonantes de la política bonaerense, sumó una prueba considerada central: el peritaje contable ya fue presentado y quedó incorporado al expediente.
El estudio fue entregado en las últimas horas luego de varios meses de espera. El objetivo es establecer con mayor precisión el movimiento del dinero investigado, determinar el eventual perjuicio provocado a las arcas provinciales y precisar la responsabilidad que podría corresponderle a cada uno de los empleados de la Legislatura involucrados.
Ahora, la fiscal de La Plata, Viviana Arturi, designada para intervenir en la etapa de debate, convocó a los expertos que realizaron el trabajo para solicitarles aclaraciones y precisiones sobre sus conclusiones. El pedido no implica que la pericia haya sido descartada ni que deba repetirse, sino que forma parte del análisis de una prueba considerada clave.
La investigación sostiene que existía una maniobra sistemática para retirar salarios mediante tarjetas de débito pertenecientes a empleados legislativos. Los investigadores detectaron extracciones reiteradas, incluso durante la madrugada y fuera del horario comercial. El monto analizado entre enero de 2022 y septiembre de 2023 fue estimado inicialmente en unos $395,4 millones.
Mientras se termina de definir la etapa probatoria, también continúa abierto el escenario de los juicios abreviados para algunos de los imputados, entre ellos los denominados “49 tarjeteros”. Las defensas evalúan alternativas como la suspensión del juicio a prueba o la reparación integral del daño, aunque la fiscalía mantiene su oposición a un cierre basado exclusivamente en un acuerdo económico.
Entre los principales acusados figuran Claudio Albini, Julio “Chocolate” Rigau y Facundo Albini. Para ellos, la fiscalía anticipó pedidos de 6 años y 4 meses, 5 años y 6 meses y 4 años y 3 meses de prisión, respectivamente.
Con la pericia ya dentro del expediente, la causa entra ahora en una instancia decisiva. Las aclaraciones de los expertos y las decisiones que adopten las partes podrían definir cuál será el próximo movimiento de un proceso que todavía no tiene fecha firme para un eventual juicio oral.
