El expediente del caso "Chocolate" Rigau, una de las investigaciones por presunta corrupción política más resonantes de la provincia de Buenos Aires y que tramita en los tribunales de La Plata, sumó un nuevo revés que aleja cualquier definición rápida. La única posibilidad concreta de cerrar parte de la causa mediante un juicio abreviado quedó descartada y el escenario más probable es ahora un juicio oral que recién podría comenzar en 2027.
Ayer fracasó la negociación que impulsaba la fiscal de La Plata, Viviana Arturi, con uno de los empleados de la Legislatura bonaerense imputados en el expediente. Se trata de Antonio Rodríguez, pareja de una concejal de La Libertad Avanza en Berisso, quien inicialmente había aceptado una condena de tres años de prisión en suspenso. Sin embargo, desistió cuando supo que el acuerdo incluía la inhabilitación perpetua para volver a desempeñar cargos públicos.
Ese punto terminó siendo determinante. Rodríguez no descarta regresar en el futuro a la administración pública y decidió rechazar la propuesta. La marcha atrás también generó malestar entre el resto de los imputados, que seguían de cerca esa negociación como una posible puerta de salida.
El obstáculo tiene sustento legal. El Código Penal establece que, para los delitos atribuidos a funcionarios públicos, la inhabilitación es perpetua y no puede limitarse al tiempo de la condena, como se había analizado durante las conversaciones preliminares.
Con esa decisión, la fiscal Arturi quedó nuevamente sin ningún acusado dispuesto a aceptar un juicio abreviado. Ninguno de los 46 empleados procesados está dispuesto a asumir una condena si ello implica quedar excluido de por vida del empleo público, según se informó.
La discusión no es menor. Una eventual condena penal obligaría, en principio, a la exoneración de los trabajadores legislativos. Sin embargo, los sumarios administrativos realizados en la propia Legislatura concluyeron que no existieron irregularidades, una contradicción que mantiene abierto el interrogante sobre el futuro laboral de los imputados.
Frente a ese escenario, las defensas comenzaron a explorar otras alternativas procesales, como la probation o la reparación integral del daño. Pero ambas opciones encuentran una fuerte oposición de la fiscalía y de las querellas, representadas por la Fiscalía de Estado bonaerense y la organización Poder Ciudadano.
Para la fiscal Arturi, la maniobra investigada constituye un caso de corrupción estructural que afectó el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, por lo que rechaza cualquier mecanismo que permita evitar una condena mediante una compensación económica. Como antecedente, citó la causa de los Cuadernos, donde la Justicia desestimó la reparación integral ofrecida por empresarios investigados.
En paralelo, la causa avanza sobre otro aspecto clave: establecer cuál fue el perjuicio económico atribuible a cada uno de los empleados involucrados.
Un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal calculó que entre enero de 2022 y septiembre de 2023 el perjuicio para la Provincia de Buenos Aires alcanzó los 395,4 millones de pesos. La cifra deberá actualizarse por inflación y podría incrementarse si se incorporan períodos anteriores que también son materia de investigación.
Los investigadores detectaron un patrón repetido de extracción total de haberes en cajeros automáticos, muchas veces durante la madrugada o fuera del horario bancario, sin otros movimientos relevantes en las cuentas. Ese comportamiento constituye uno de los principales indicios que sostienen la hipótesis de una operatoria organizada.
Por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, cuatro peritos contables ya comenzaron a analizar la documentación para determinar cuánto dinero corresponde atribuir a cada uno de los 43 empleados investigados. El estudio fue solicitado por las defensas con el objetivo de individualizar responsabilidades antes de que el tribunal resuelva los planteos pendientes.
El trabajo pericial demandaría entre tres y cuatro meses. Recién una vez incorporado ese informe, el tribunal definirá si existe margen para alguna salida alternativa o si la causa deberá encaminarse definitivamente hacia el juicio oral.
Mientras tanto, la fiscal ya anticipó las penas que solicitará en caso de llegar al debate. Pedirá seis años y cuatro meses de prisión para Claudio Albini, cuatro años y tres meses para su hijo Facundo Albini y cinco años y seis meses para Julio "Chocolate" Rigau. Para los empleados legislativos requerirá condenas de tres años de prisión en suspenso.
Aun así, todo indica que ninguno de los acusados terminaría alojado en una cárcel común. Rigau y los Albini permanecen con arresto domiciliario e, incluso ante una eventual condena de cumplimiento efectivo, esa modalidad podría mantenerse mientras el proceso continúe.
