La pérdida de una tarjeta de débito en una calle de La Plata derivó en una causa penal que, tras años de trámite judicial, terminó sin condenados. El juez Diego Tatarsky, titular del Juzgado Correccional N° 5, absolvió al único acusado al considerar que las pruebas reunidas no permitían acreditar con certeza que hubiera sido quien utilizó el plástico para realizar una serie de compras que dejaron prácticamente sin fondos la cuenta de la denunciante.
La víctima, una empleada judicial, sostuvo desde el inicio que la investigación fue deficiente y cuestionó duramente el trabajo realizado durante la etapa de instrucción. Según relató, luego de denunciar la pérdida de la tarjeta advirtió movimientos en distintos comercios de la ciudad y comprobó que gran parte de su salario había sido gastado en pocas horas.
Ante la falta de avances, decidió impulsar por su cuenta distintas averiguaciones. Recorrió los locales donde se habían concretado las compras, reunió documentación y reconstruyó el recorrido de quien había utilizado el medio de pago. Esa tarea terminó orientando la pesquisa hacia un chofer de micros, quien finalmente llegó a juicio acusado de haber encontrado la tarjeta y utilizado sus fondos.
Entre las operaciones detectadas figuraban compras en un supermercado, una perfumería, un local de ropa infantil y un comercio gastronómico del centro platense. Uno de los indicios más relevantes para la acusación surgió de un programa de beneficios de una cadena de perfumerías, donde se habrían acumulado puntos vinculados al imputado.
Sin embargo, durante el debate oral esos elementos no alcanzaron para superar el estándar probatorio exigido por la Justicia penal. El magistrado concluyó que no existían evidencias suficientes para atribuirle de manera inequívoca la autoría de los hechos y resolvió absolverlo.
Lejos de dar por terminado el conflicto, la damnificada anunció que avanzará por la vía civil contra los comercios que aceptaron la tarjeta sin verificar la identidad del comprador. Según sostiene, si se hubiera exigido la presentación del DNI, las operaciones no podrían haberse concretado.
Con el fallo absolutorio, la causa quedó cerrada en el ámbito penal. Pero para la denunciante, la disputa judicial todavía está lejos de concluir. Por la fiscalía intervino Helena de la Cruz y por la defensoría oficial, Mariela Porcel.
