El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ordenó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes para asegurar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en las investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
La resolución judicial apunta a evitar que la crisis presupuestaria denunciada por las autoridades del organismo afecte la realización de estudios genéticos esenciales para causas vinculadas a la restitución de identidad.
La decisión fue tomada en el marco de una investigación por posible supresión de identidad de una persona nacida durante el terrorismo de Estado, aunque el magistrado dispuso que la medida alcance también a otras causas similares que tramitan en el Juzgado Federal N°1 de La Plata.
En el fallo, Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que garantice de forma inmediata las partidas presupuestarias y medidas administrativas necesarias para mantener operativo el Banco Nacional de Datos Genéticos y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Según consta en la resolución, fiscales especializados en delitos de lesa humanidad habían advertido días atrás sobre una situación de “extrema criticidad presupuestaria” dentro del organismo. Entre los problemas señalados aparecen restricciones de personal, suspensión de viajes para toma de muestras y dificultades para sostener servicios básicos como seguridad, limpieza, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas.
Además, desde el organismo alertaron que una eventual paralización de las pericias genéticas podría afectar investigaciones judiciales y comprometer obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
En su resolución, el juez remarcó que el BNDG es un organismo “esencial e irremplazable” y recordó que muchas restituciones de identidad de hijos de desaparecidos fueron posibles gracias a las pericias realizadas allí.
“A través del Banco Nacional de Datos Genéticos, el Poder Judicial logra reparar a víctimas de delitos de lesa humanidad al devolverles su identidad”, sostuvo Ramos Padilla en el fallo.
Finalmente, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, preservación de muestras, seguridad informática e insumos críticos para asegurar la continuidad del trabajo del organismo.
