El expediente que investiga la distribución de fentanilo contaminado en La Plata sumó nuevas víctimas y profundizó la responsabilidad penal de los imputados. A un año del inicio de la causa, el juez federal de nuestra ciudad, Ernesto Kreplak, resolvió ampliar los procesamientos y actualizar el alcance del caso, que ya se perfila como uno de los más graves en materia sanitaria y judicial de los últimos años.
La decisión incorpora 70 nuevas muertes a las 20 ya contempladas en el procesamiento anterior, lo que eleva a 90 el total de víctimas fatales vinculadas al suministro de fentanilo adulterado. Además, se incluyeron 44 pacientes que sobrevivieron pero sufrieron complicaciones de salud asociadas a la medicación, al considerar que la exposición al fármaco contaminado contribuyó de manera directa a su deterioro.
Tal como viene informando Capital 24, la investigación apunta a determinar responsabilidades en la producción y distribución de ampollas contaminadas elaboradas por las firmas HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA. En este marco, el juzgado avanzó sobre un problema clave: la falta de trazabilidad completa de los lotes cuestionados, lo que dificultó en una primera etapa la identificación de todos los casos afectados.
Frente a ese obstáculo, la Justicia adoptó un nuevo criterio para ampliar el universo de víctimas. A los casos inicialmente confirmados mediante estudios de laboratorio —pacientes que, tras recibir fentanilo del lote 31202, desarrollaron infecciones con bacterias detectadas en cultivos— se sumó ahora una categoría basada en la denominada “dosis suficiente”.
Este criterio permite incluir a pacientes que recibieron cinco o más ampollas del medicamento, bajo la premisa de que esa cantidad resulta suficiente para provocar la infección asociada al brote. De este modo, se incorporaron casos en los que no fue posible realizar secuenciación genética por falta de muestras biológicas, pero donde existen indicios clínicos y epidemiológicos consistentes.
La resolución también ratifica y amplía el procesamiento de 13 personas vinculadas a la estructura de producción y control de los laboratorios involucrados. Entre los principales acusados figuran los hermanos García Furfaro —Ariel Fernando y Diego Hernán—, señalados como propietarios de las firmas, junto a su madre, Nilda Furfaro, directiva y accionista.
El listado se completa con directores, responsables de control de calidad y personal a cargo de la producción, entre ellos Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, además de otros técnicos y operarios. Todos enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales agravada por el resultado de muerte y lesiones, bajo la figura de coautoría funcional. En el caso de Nilda Furfaro, la Justicia la considera partícipe necesaria.
La causa, registrada como expediente FLP 17371/2025, continúa en etapa de instrucción, con un volumen creciente de pruebas y víctimas. La ampliación del procesamiento no solo refuerza la hipótesis acusatoria, sino que también reconfigura el alcance del caso, que ya trasciende el plano individual para instalarse como un problema estructural en los controles sanitarios y la cadena de producción farmacéutica.
Un caso que ya lleva un año
Tal como Capital 24 informó en su edición de ayer, ya hizo un año del inicio de la investigación en el Fuero Federal de La Plata por el fentanilo contaminado. Hasta el momento, se confirmaron 114 muertes vinculadas al uso de las ampollas adulteradas.
El expediente comenzó el 12 de mayo de 2025, luego de que la ANMAT denunciara un brote de infecciones intrahospitalarias detectado en el Hospital Italiano de La Plata. Los pacientes afectados presentaban cuadros graves e inusuales que derivaron en múltiples fallecimientos.
Las pericias realizadas por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en pacientes coincidían con las encontradas en ampollas de fentanilo correspondientes a los lotes 31.202 y 31.244. Las muestras contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias asociadas a infecciones severas.
La investigación quedó a cargo, como se sabe, en manos de Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, quienes avanzaron sobre una estructura empresarial que, según sostienen, acumulaba irregularidades desde hacía años.
Con el correr de los meses, la causa dejó de centrarse únicamente en una contaminación puntual y comenzó a revelar problemas estructurales dentro de los laboratorios. Testimonios de empleados y documentación secuestrada señalaron que existían antecedentes de contaminación microbiológica, fallas de esterilidad y problemas de trazabilidad que eran conocidos puertas adentro.
Según declaró personal de la empresa, las órdenes de continuar con la comercialización de medicamentos se mantenían pese a las advertencias técnicas, con el objetivo de evitar pérdidas económicas.
La Justicia también investiga presuntas maniobras para ocultar pruebas. Entre ellas, la desaparición de registros microbiológicos y la posible destrucción de servidores con información clave.
Se estima que más de 300 mil ampollas de fentanilo fueron distribuidas en distintas provincias. Aunque oficialmente los lotes fueron retirados, todavía persisten dudas y reclamos de familiares que intentan determinar si sus seres queridos recibieron el opioide contaminado.
A un año del estallido del caso, las familias de las víctimas aseguran que aún no hubo una respuesta institucional acorde a la magnitud de la tragedia.
