
Herencia, inmuebles en La Plata y gastos bajo la lupa: qué se sabe del patrimonio de Manuel Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar si existe coherencia entre sus ingresos declarados y el nivel de gastos registrados en los últimos años. En ese contexto, la herencia de su padre aparece como una de las claves que el funcionario podría utilizar para explicar parte de su patrimonio.
Según surge del expediente de sucesión de Jorge Adorni, incorporado recientemente a la causa penal, el acervo hereditario está compuesto por dos bienes: un departamento en la ciudad de La Plata y un terreno ubicado en la localidad bonaerense de Salazar, Partido de Daireaux. De acuerdo con esos registros, el actual jefe de Gabinete heredó el 33,3% de ambos inmuebles, al igual que su hermano Francisco (actual diputado bonaerense), mientras que el resto corresponde a su madre.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó esa documentación con el objetivo de contrastarla con las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. La intención es establecer si la herencia -mencionada por el propio funcionario en distintas ocasiones- alcanza para justificar los movimientos patrimoniales que están bajo análisis.
Hasta ahora, la información disponible muestra inconsistencias que la Justicia busca esclarecer. En su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó como propia una propiedad en La Plata adquirida en 2016 por “donación”, y afirmó poseer el 100% del inmueble. Sin embargo, ese departamento no coincide con el que figura en el expediente sucesorio, donde su participación es de un tercio.
A su vez, la investigación detectó que otros bienes relevantes no fueron incluidos en esa presentación. Entre ellos, una casa en un country del Partido de Exaltación de la Cruz -incorporada en 2024 y posteriormente refaccionada- y un departamento en el barrio porteño de Caballito adquirido en noviembre de 2025 mediante hipotecas privadas.
El caso también pone el foco en el volumen de gastos realizados en un período relativamente corto. Según consta en el expediente, Adorni y su entorno familiar registran inversiones en propiedades, remodelaciones por unos 245.000 dólares -presuntamente abonados en efectivo- y al menos 17 viajes, tanto dentro del país como al exterior. Entre ellos figuran estadías en destinos como Aruba, Bariloche y Gualeguaychú, además de vuelos internacionales y servicios turísticos de alto costo.
En paralelo, se analizan movimientos de divisas que, en menos de un año, superarían los 340.000 dólares. Parte de esos fondos habría sido destinada a operaciones inmobiliarias, viajes y gastos asociados.
Otro punto bajo revisión es el nivel de endeudamiento declarado por el funcionario. En su presentación patrimonial, Adorni informó deudas con particulares -incluyendo familiares y personas de edad avanzada- que, convertidas a pesos, superan varias decenas de millones. También figuran préstamos en dólares utilizados para la compra de inmuebles.
Frente a este escenario, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) fue convocada para elaborar un informe técnico que determine si existen inconsistencias entre ingresos y egresos. Ese análisis será clave para definir los próximos pasos judiciales.
Mientras tanto, en el entorno del Gobierno aseguran que el Jefe de Gabinete buscará aclarar su situación en la próxima declaración jurada correspondiente a 2025. Allí podría incluir documentación adicional sobre la herencia, eventuales cesiones de derechos familiares o ingresos no informados previamente.
En las últimas semanas, además, Adorni puso en venta uno de los departamentos vinculados a su patrimonio en La Plata, en medio del avance de la investigación. El inmueble fue publicado por 95.000 dólares.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y mantiene abiertos varios interrogantes. El principal: si los bienes heredados y los ingresos declarados alcanzan para explicar el nivel de vida y las inversiones del funcionario, o si existen diferencias que requieran una justificación más detallada ante la Justicia.


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