La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa dos reclamos clave para su funcionamiento: la autarquía financiera y la cobertura de vacantes que, según advirtió, afectan de manera directa la calidad del servicio judicial.
Durante la presentación de un proyecto de ley denominado “Fortalecimiento del Poder Judicial”, el presidente del tribunal, Sergio Torres, junto a Hilda Kogan, Daniel Soria y el procurador general Julio Conte Grand, planteó la necesidad de que tanto el gobernador Axel Kicillof como la Legislatura impulsen medidas concretas para resolver estas cuestiones estructurales.
Uno de los puntos más críticos señalados por Torres es la actual integración de la Corte. El tribunal funciona con solo tres miembros sobre los siete que debería tener, una situación que calificó como “inédita” y que se arrastra desde hace años. En ese sentido, remarcó que no se trata de un problema meramente administrativo, sino de una condición esencial para garantizar el normal gobierno del Poder Judicial y la toma de decisiones estratégicas.
El magistrado también detalló el impacto de esta situación en el funcionamiento cotidiano, especialmente en votaciones clave, y subrayó el extenso tiempo transcurrido desde la primera vacante y la posterior desintegración del cuerpo tras la salida de uno de sus integrantes. La expectativa oficial es que las designaciones pendientes se concreten antes de la feria judicial de julio, aunque el proceso implica acuerdos políticos y el aval del Senado.
En paralelo, Torres advirtió que el déficit de cargos no se limita a la Corte, sino que alcanza a todo el sistema judicial. Si bien reconoció avances recientes en materia de nombramientos, insistió en la necesidad de sostener ese ritmo para cubrir las más de 200 vacantes que aún persisten.
El otro eje central del planteo es la autarquía financiera. Desde el tribunal sostienen que la independencia judicial está directamente ligada a la capacidad de administrar sus propios recursos. En ese sentido, cuestionaron el actual esquema, en el que el presupuesto depende de otros poderes del Estado.
Según explicaron, la mayor parte de los fondos se destina al pago de salarios, lo que limita el margen de gestión. Por eso, consideran que contar con autonomía presupuestaria resulta indispensable para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un servicio de justicia adecuado.
El acto contó con el respaldo de distintos sectores del ámbito judicial, que acompañaron la iniciativa como una señal política en medio de un renovado debate sobre la calidad institucional en la provincia. Tras el discurso, representantes de colegios profesionales y asociaciones judiciales firmaron el proyecto, que ya fue girado a la Legislatura para su tratamiento.
