A un año del brote que dejó un centenar de víctimas por el uso de fentanilo contaminado y en momentos en que la causa penal ingresa en La Plata, en instancias decisivas, familiares de los afectados llevarán al Congreso un proyecto de ley que busca establecer un sistema integral de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo. La iniciativa apunta a evitar la repetición de fallas en los controles sanitarios y a exigir respuestas institucionales.
El encuentro se realizará mañana viernes a las 16:00 en la Sala 2 del Anexo A del Congreso, con la participación de legisladores de distintos bloques y especialistas en salud. Durante la jornada se presentarán diversas propuestas, entre ellas las impulsadas por los diputados Silvana Giúdici, Pablo Juliano y Marcela Pagano, además de un proyecto elaborado por las propias familias a partir del seguimiento del caso.
La iniciativa surge en un contexto de escasos avances tras el trabajo de la comisión investigadora parlamentaria, cuyas recomendaciones aún no se tradujeron en medidas concretas. En paralelo, tal como viene informando Capital 24, la causa judicial avanza en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, donde se investigan responsabilidades tanto en el ámbito privado como en el público.
Según la investigación, el episodio no fue aislado. Entre 2018 y 2024 se registraron más de un centenar de reportes por desvíos de calidad en medicamentos vinculados a laboratorios del mismo grupo, con un alto porcentaje de casos confirmados y decenas de expedientes por irregularidades graves.
Pese a que una inspección oficial detectó fallas críticas en 2024 y recomendó restringir la producción, las medidas no se habrían implementado de forma efectiva. La advertencia formal llegó meses después, cuando el laboratorio ya había continuado con la elaboración y distribución de medicamentos.
La crisis se hizo visible cuando un centro de salud de La Plata logró identificar el origen del brote, en un contexto de respuesta tardía y fragmentada del sistema sanitario. La falta de mecanismos ágiles de comunicación y control obligó a la intervención judicial para reconstruir el recorrido del producto.
En este escenario, uno de los puntos centrales del debate será la ausencia de un sistema unificado que permita seguir la trazabilidad completa de medicamentos de uso intrahospitalario, desde su producción hasta la administración al paciente.
Las familias sostienen que lo ocurrido evidencia una falla estructural que excede el ámbito judicial y requiere reformas de fondo. En ese sentido, remarcan la necesidad de que el caso marque un punto de inflexión en los estándares de seguridad farmacológica.
