El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en venta el departamento que posee en La Plata en un contexto atravesado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La propiedad, ubicada sobre la calle 48 entre 6 y 7, fue ofrecida en el mercado inmobiliario a un valor de 95.000 dólares, mientras el funcionario enfrenta compromisos económicos que, según consta en la causa, ascienden a unos 270.000 dólares con vencimiento previsto para noviembre.
La decisión de desprenderse de este inmueble coincide con una etapa de fuerte escrutinio sobre su patrimonio. En los últimos años, Adorni incorporó nuevas propiedades, entre ellas un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz, sin haber vendido otras unidades que ya formaban parte de sus bienes, como un departamento en Parque Chacabuco. Este crecimiento patrimonial es uno de los ejes bajo análisis judicial.
El departamento en La Plata es un tres ambientes de 98 metros cuadrados cubiertos, ubicado en el cuarto piso de un edificio con alrededor de cinco décadas de antigüedad. De acuerdo con la publicación inmobiliaria, la unidad presenta buen estado de conservación, sin problemas estructurales ni de humedad. Cuenta con tres dormitorios, un baño principal con bañera y sistema de hidromasaje, además de dos toilettes adicionales, uno de ellos con ducha.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, el funcionario indicó que adquirió este inmueble en 2016 mediante una donación, presumiblemente como parte de una herencia familiar, y declaró la titularidad total de la propiedad. Sin embargo, la causa judicial busca establecer si la evolución de su patrimonio se condice con los ingresos declarados a lo largo del tiempo.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa medidas para reconstruir el circuito financiero del funcionario. Entre los puntos bajo la lupa figura la compra de otro departamento en Caballito, realizada con un pago inicial en efectivo y un esquema de financiación sin intereses, otorgado por anteriores propietarias.
En ese expediente también aparecen intermediarios y allegados a Adorni, cuya participación es analizada por la Justicia. En paralelo, se investiga la existencia de préstamos otorgados por particulares, algunos respaldados con garantías hipotecarias sobre otras propiedades.
El juez federal Ariel Lijo ordenó en las últimas semanas levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa y un grupo de presuntas acreedoras, con el objetivo de rastrear movimientos de dinero y determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones.
