Retoman juicio oral en La Plata por el crimen de Johana Ramallo

Una nueva audiencia en el juicio oral que lleva adelante por delitos que surgieron de la investigación sobre la desaparición y muerte de Johana Ramallo se realizará mañana en el fuero de 8 y 50 a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) N°2 de La Plata, integrado por los jueces Andrés Basso, Germán Castelli y Nelson Jarazo.

Los delitos que se ventilan incluyen comercialización de estupefacientes, explotación sexual, promoción y facilitación de la prostitución, encubrimiento agravado y falso testimonio.

El debate oral comenzó con la declaración de dos testigos. Un vecino cercano a Johana y un taxista que la trasladó hacia el barrio El Palihue la noche en que fue vista por última vez. Sus testimonios se centraron principalmente en reconstruir el contexto de consumo de drogas en que se encontraba la joven en esos días.

Ramallo fue vista por última vez en julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, conocida por ser la Zona Roja. Sus restos aparecieron un año después en Berisso y fueron identificados recién en 2019.

Los ocho imputados que enfrentan juicio están presuntamente vinculados a una red dedicada a la trata de personas, el narcomenudeo y la explotación sexual.

Se trata de Carlos "El Cabezón" Rodríguez, Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza.

En audiencias previas, también declararon miembros de una organización que gestionaba una olla popular en Plaza San Martín y que colaboraron con la familia de Johana en los primeros días tras su desaparición. Además, prestó testimonio un hombre que había mantenido una relación informal con la joven.

Las partes intentarán mañana profundizar las declaraciones testimoniales y avanzar hacia los alegatos finales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a la muerte de Johana Ramallo.

La acusación en el juicio está a cargo del fiscal Marcelo Molina. En la investigación se acreditó que el plan delictivo contó con las siguientes intervenciones:

Un grupo de hombres referenciados como los “ocho cuarenta” por los testigos que frecuentaban la zona, quienes -bajo el eufemismo de “cuidarlas”- llevaban a cabo la vigilancia y control sobre las mujeres -a quienes captaban y recibían previamente-, luego les retenían el dinero producto de la situación de prostitución y mediante diversas modalidades obtenían un lucro con el comercio de la droga.

Otro grupo, conocido en la zona como “las viejas”, caminaban el territorio y, violencia e intimidación mediante, cobraban a las víctimas por las “paradas”.

En la organización también participaban hombres que controlaban a las víctimas de la zona a través del comercio de estupefacientes, en su carácter de proveedores de aquellas sustancias.