El gobernador formuló una presentación judicial en los tribunales de 8 y 50 por las millonarias deudas contraídas con los hospitales públicos.
POLÍTICA23/01/2025
El objetivo es recuperar los fondos adeudados para aliviar la delicada situación económica de los centros de salud zonales e interzonales.
Un pool de varias demandas judiciales fueron interpuestas en las últimas horas por el Gobierno bonaerense ante la justicia federal de La Plata, sindicando a más de veinte obras sociales por las millonarias deudas que esas empresas contrajeron por prestaciones brindadas en hospitales públicos, zonales e interzonales administrados por el Ministerio de Salud provincial.
En la documentación aportada por la Provincia ante el juzgado federal, de Feria durante el mes de enero, se señaló que gran parte de las prestaciones adeudadas corresponden a servicios realizados durante los últimos tres años en hospitales zonales e interzonales y entre las obras sociales demandadas se encuentran las de trabajadores de sectores como la carne, la educación privada, el transporte, empresas eléctricas e industrias como el vidrio, fósforo y fibrocemento.
Según se informó, una de las deudas más elevadas es la de la obra social de Fedecámaras, que acumula un pasivo cercano a los $17 millones por prestaciones realizadas en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero durante los últimos 2 años.
En tanto, la obra social Osprera, de los peones rurales; registra una demanda por $7 millones. En este caso, la Fiscalía de Estado bonaerense solicitó medidas cautelares como la inhibición general de bienes y el embargo de fondos y valores.
Desde el Ministerio de Salud provincial remarcaron que estas acciones judiciales buscan recuperar los fondos adeudados, con el objetivo de aliviar la delicada situación económica de los hospitales públicos y garantizar su correcto funcionamiento.
En las actuaciones presentadas en tribunales se expresó que en 2024 más de 110 obras sociales sindicales tuvieron problemas para cumplir con las exigencias del plan médico obligatorio, lo que agravó la presión sobre los hospitales públicos.
Desde el juzgado en Feria de La Plata hoy se hará traslado a la fiscalía federal para que acepte la competencia y si lo cree necesario requiera las primeras medidas de prueba.
El Gobierno bonaerense había publicado meses atrás una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde establecieron nuevos lineamientos vinculados a planes de salud de las obras sociales y prepagas. Allí se establecían requisitos específicos en lo que respecta a la presentación de cartillas de prestadores, condiciones de acceso y cobertura.
Uno de los puntos que más llamó la atención, fue que a partir de ese documento publicado en el Boletín Oficial, quienes podrán emitir las recetas y órdenes de tratamiento necesarios para que los pacientes que cuentan con este tipo de cobertura, serán únicamente los profesionales incluidos en las cartillas de cada prepaga. En cambio los afiliados a planes abiertos continuarán con las mismas prestaciones.
Esta disposición, según se explicó entonces, procura “garantizar la sostenibilidad del sistema” y, desde el Ministerio de Salud, mencionaron que se apunta a los medicamentos de alto costo, que en muchos casos eran prescritos por profesionales que no forman parte de los prestadores de las compañías. De esta manera, el Gobierno espera que esta Resolución pueda ser un reaseguro ante la judicialización de casos para reclamar la cobertura de fármacos de precios elevados como algunos oncológicos, genéricos o experimentales.
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