La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera acusó al ministro de Economía de Kicillof por no aportar el dinero que corresponde a una Ley del Turf que paralizó la actividad en tres circos hípicos provinciales.
POLÍTICA22/01/2025
El monto bajo sospecha supera los 2.600 millones de pesos.
El fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, investiga la denuncia formulada por la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera contra el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, por incumplir con la Ley del Turf y no girar una suma superior a los $ 2.600 millones.
La norma establece que un porcentaje de lo recaudado por los bingos que funcionan en territorio bonaerense debe ser destinado a sostener la actividad hípica, a la que se privó de contar con la misma herramienta para su financiamiento, tal como sucede en el Hipódromo de Palermo.
La denuncia a la que tuvo acceso Capital 24 fue presentada en el fuero penal de 7 y 56 por el abogado Mariano Fragueiro Frías para que se restituya de manera urgente el giro de los fondos. Allí señala: “Vengo a solicitar que se investiguen los hechos que a continuación se describen, e imputar al ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Julio López, como así también a todos los funcionarios partícipes de las maniobras que se denuncian”.
En tribunales se confirmó ayer que además del ministro hay otros funcionarios en la mira. Es que de acuerdo a la denuncia los fondos a distribuir corresponden a los meses de septiembre ($ 595.514.101), octubre ($ 633.395.021), noviembre ($ 660.773.777) y diciembre de 2024 ($ 732.907.401).
Durante ese lapso debieron intervenir distintas personas en sus diferentes roles, se consignó. Originalmente los fondos iban directo de los bingos a la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que luego los distribuía para los hipódromos de San Isidro, La Plata, Azul, Tandil y Dolores. Pero durante la gobernación de María Eugenia Vidal, con Hernán Lacunza como ministro de Economía, se modificó ese mecanismo y ahora el dinero va al Tesoro provincial y luego es girado a la Lotería.
Este conflicto con ribetes ilícitos se inscribe además en el particular escenario financiero que afronta la Provincia con su falta de fondos. Ya se acumularon tres meses de demora en el envío del dinero y por esa razón los hipódromos de Azul, Tandil y Dolores tuvieron que cancelar las reuniones que tenían programadas para enero con el perjuicio que eso conlleva para los trabajadores de la actividad.
En su momento, el bloque peronista de la Legislatura fue quien se opuso a un proyecto de la gobernadora Vidal y el entonces ministro de Economía Lacunza, que quería suprimir el fondo sin compensación.
En ese marco, y tal como lo informó Capital 24, hace unos meses el bloque libertario interpuso un proyecto para modificar el juego en la provincia de Buenos Aires, que incluía un articulado donde también se apunta a eliminar este fondo, con el fin último de apropiarse de esa recaudación.
La situación además tiene otro frente en conflicto. Ayer la Asociación de Profesionales del Turf emitió un comunicado en el que advirtieron sobre medidas de fuerza en caso que no se normalicen los pagos.
De la información recabada por la fiscalía tras un pormenorizado análisis de la Ley 13253 que regula el fondo provincial destinado al turf, se trataría de un total de $2.622.590.300 que el Departamento de Contabilidad del Instituto de Lotería de la Provincia notificó como disponibles a distribuir y que la Tesorería de la Provincia no transfirió.
El denunciante, el abogado Fragueiro Frías precisó la liquidación de la Dirección Provincial de Administración y Finanzas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos provenientes de “los fondos recibidos de los operadores de máquinas traga-monedas que pertenecen a distintos hipódromos, asociaciones gremiales e instituciones afines a la actividad hípica”.
“Los fondos a distribuir a los meses de septiembre ($595.514.101), octubre ($633.395.021), noviembre ($660.773.777) y diciembre de 2024 ($732.907.401). Es decir, cuatro meses vencidos por un total que asciende a $2.622.590.300″, precisa la presentación judicial y además sostiene que la falta de transferencia del fondo configuraría un “delito de acción pública”.
Fragueiro Frías sostuvo que “hace cuatro meses que el fondo (destinado al turf), que es administrado por el Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo del señor López, en lugar de ser transferido a los hipódromos de San Isidro, La Plata, Dolores, Azul y Tandil se desvía o se los queda para otros fines, pero no los liquida para la actividad hípica”.
La causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 de La Plata, a cargo del fiscal Condomí Alcorta. El funcionario pidió diversa documentación al circo hípico de carácter contable vinculada con el movimiento de fondos en el último semestre.
Por su parte, los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura elevaron un pedido de informe al gobernador Axel Kicillof para que dé a conocer “la administración y retención del Fondo Provincial del Juego (FO.PRO.JUE) destinado por ley a los hipódromos provinciales”.
A través de su cuenta en X, el bloque de senadores provinciales libertarios publicó: “Exigimos transparencia en la gestión de los fondos públicos y un tratamiento integral de la ley de juego”.
Los senadores afirmaron que el “tratamiento de la actividad del juego en la Legislatura debe ser urgente”.
Esta denuncia en los tribunales de nuestra ciudad es la segunda que fue impulsada en los últimos meses contra la gestión de Kicillof. La anterior causa, también dada a conocer en detalle por Capital 24, es la que investiga supuestas irregularidades en licitaciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que recayó sobre Jorge D’Onofrio, ahora exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires tras su renuncia el pasado 30 de diciembre. Ese expediente es instruido por el fiscal Álvaro Garganta a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, quien ya dispuso múltiples allanamientos y secuestro de documentación.
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