La fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Fernández

El fiscal Diego Luciani completó este lunes el alegato en la novena jornada de audiencias. Captura. 

El fiscal Diego Luciani solicitó además la inhabilitación perpetua para todos los funcionarios acusados. Es en el marco del juicio por la denominada Causa Vialidad.

En el marco de la última audiencia para el alegato en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este lunes una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luciani consideró en su alegato que está probado que la exmandataria fue la jefa de la asociación ilícita a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

Luciani también achacó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal

La fiscalía también requirió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a «instituciones de bien público». «El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: «Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas», enfatizó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que «el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía» y que la trama de corrupción por la que acusó es la «mayor de la historia».

La misma pena de 12 años de prisión fue solicitada para el empresario Lázaro Báez, mientras que solicitó 10 años de prisión para Julio De Vido y José Julio López.

Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.

Cómo sigue el juicio de la Causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá ahora de un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.